ELas instituciones públicas surgen como producto de necesidades o prioridades que requieren de atención sostenida, organizada, coherente y guiada por un marco legal que fundamenta su actuar, provee elementos para su evaluación y que son susceptibles de cambios o incluso de supresión cuando ya no son necesarias.

Cuando una institución pública pierde su naturaleza o bien se llega a constatar que nunca cumplió los fines ni dio los pasos para llegar a consolidarse a través de logros concretos, llega el momento de reformarla o de prescindir de ella, sobre todo si existen otros mecanismos que cumplen con los objetivos de manera eficiente.

Uno de tales casos de evidente disfuncionalidad es el Parlamento Centroamericano (Parlacén), cuya creación buscaba equiparar esfuerzos integracionistas como los de la Unión Europea y recuperar el espíritu de unión centroamericana que quedó disgregado desde el rompimiento de la Federación Centroamericana, que ocurrió tan solo dos décadas después de la emancipación política de España. De alguna manera se buscaba unir esfuerzos entre las naciones del Istmo e incluso llegar a ser el foro de discusión y compromisos serios de políticas de desarrollo regional.

A casi tres décadas de su creación, no ha existido una sola iniciativa trascendente de esta institución, cuyas resoluciones no son vinculantes y, por lo tanto, carecen de peso político dentro de las decisiones de cada nación integrante, cada una de las cuales tiene 20 diputados, además del presidente y vicepresidente del período inmediato anterior. No obstante sus nobles ideales originarios, el Parlacén es un elefante blanco sin norte ni protagonismo, pero ha sido señalado, eso sí, de constituir un refugio dorado, con jugoso sueldo de US$5 mil mensuales, para quienes consiguen entrar en él, además de las probadas sospechas de constituir un refugio de impunidad para personajes y exgobernantes señalados, debido a que gozan de una dudosa inmunidad.

Existen varios ejemplos de políticos que de candidatos ofrecen denunciar el tratado de fundación y retirar a su país de este dispendio estéril, como ocurrió con el presidente panameño Ricardo Martinelli, quien una vez fuera del poder buscó refugio en la inmunidad provista por esa institución debido a señalamientos de posibles delitos, aunque posteriormente renunció.

En las recientes elecciones generales de Guatemala, se votó por diputados al Parlacén. Del total de sufragios emitidos en esa papeleta, que también utiliza el sistema de planilla fija, 20.6% fueron nulos, el mayor porcentaje registrado en la historia y que constituyó una expresión ciudadana de rechazo a la entidad. Pese a ello, la elección fue válida legalmente y se definieron los próximos 20 diputados para el período 2020-2024, a los cuales se sumarán el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera.

No hay visos de cambio en esa entidad y los llamados para su reforma o cierre se repiten no solo en Guatemala, sino en los países supuestamente representados. En todo caso, ya existen mecanismos como el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), que han logrado exitosas negociaciones políticas, mecanismos de unión aduanera e incluso el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad CA-4 entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, un tratado efectivo que funciona hasta la fecha y que evidencia aún más el carácter anodino del actual Parlacén.