Las cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no dejan lugar a dudas: en el último año se disparó el éxodo de grupos familiares guatemaltecos: 185 mil 233 unidades —integradas por uno o ambos padres, más uno o varios hijos— que fueron detenidas o se entregaron a las autoridades: 267% más que en el año fiscal anterior. De hecho, se supera la suma total del lustro previo, lo cual evidencia desesperación ante las condiciones del país y las aspiraciones de un futuro mejor.

Es claro el impacto de las caravanas de migrantes registradas en el ciclo de octubre del 2018 a septiembre del 2019, que comenzaron con hondureños y salvadoreños, pero que sin duda coincidieron con la precariedad de muchos guatemaltecos que optaron por emprender camino hacia el norte. De hecho, también creció la cantidad de menores guatemaltecos no acompañados y connacionales que intentaban llegar individualmente.

Aunque el presidente Jimmy Morales resaltó como logro la reducción de 87% en la cantidad de migrantes guatemaltecos hacia EE. UU., desde que dicho gobierno impuso fuertes restricciones y presionó al país con el recorte de ayuda y la amenaza de aranceles a las exportaciones, los números totales evidencian que, por el contrario, durante la administración que acaba se agravaron los factores que motivan el éxodo: creció la desnutrición, los programas de desarrollo social se estancaron, la inversión extranjera se redujo y la competitividad del país cayó 20 puestos en cuatro años.

El presidente Donald Trump cortó la asistencia económica a los países del Triángulo Norte bajo el supuesto de que así se frenaría la salida de sus habitantes: razonamiento incorrecto, pues si algo puede mantener a las personas en su tierra son las perspectivas de desarrollo agrícola, empresarial y educativo, una apuesta que se busca recuperar, pero no sin haber perdido valioso costo de oportunidad y tras una severa crisis humanitaria en la frontera.

Por otra parte, la defensa de los migrantes guatemaltecos fue relegada por el Gobierno y su representación en Washington, pese a que durante la campaña electoral se hicieron múltiples ofrecimientos. La búsqueda de avenencias y encuentros mediáticos con el gobierno de Trump se utilizó para obtener apoyos políticos o, por lo menos, silencios cómplices en otros propósitos, entre ellos extinguir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

En menos tiempo y sin exhibir tanta oficiosidad, el presidente salvadoreño Nayib Bukele cosechó, el lunes recién pasado, la extensión de un año más en el estatus de protección temporal (TPS) para miles de sus compatriotas radicados en EE. UU., mientras que Morales no tuvo el apresto de solicitarlo directamente a Trump. Instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que efectuara la gestión, y su canciller, tan vehemente en otras ocasiones, se limitó a enviar una “nota” al Ejecutivo estadounidense para solicitar el TPS. Obviamente, no hubo resultado. Eso sí, se mantiene en secretismo el contenido del acuerdo migratorio, firmado súbitamente el 26 de julio por el secretario interino de Seguridad y el ministro de Gobernación bajo la mirada vigilante de Trump: una acción que no le generó más capital político, sino una tensa espera e incertidumbre sobre los verdaderos motivos del oficialismo para mantener en secreto tal pacto a cambio de un vago ofrecimiento de visas laborales que aún no se concreta.