Finalmente, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Honduras declararon presidente electo al candidato-presidente oficialista Juan Orlando Hernández, lo cual provocó que de inmediato reaccionara la Organización de Estados Americanos exigiendo nuevas elecciones, ante las serias deficiencias mostradas durante los comicios efectuados el pasado 26 de noviembre.

La alianza de partidos de oposición también rechazó la oficialización de los resultados, mientras miles de seguidores reactivaron las protestas y bloqueos de las principales rutas, pese a la presencia de fuerzas de seguridad que a su vez emprendían la tarea de retirar los obstáculos.

Lo prudente es que las autoridades electorales atiendan la petición del secretario general de la OEA, quien —aunque tarde— ha reaccionado de manera correcta como consecuencia de las numerosas irregularidades denunciadas en las elecciones mencionadas, sobre todo las de fraude que ayer presentó en Washington el candidato opositor Salvador Nasralla, quien entregó las supuestas pruebas a Luis Almagro.

Cualquier esfuerzo en esa dirección es comprensible, porque sobre autoridades y el Gobierno se han acrecentado las más variadas sospechas, las cuales incluso se han extendido a todo el sistema, talvez el más corrupto de todo el hemisferio, que hasta se prestó previamente a instrumentalizar procesos a favor del actual presidente, quien ni siquiera podía participar.

Todavía están frescas las imágenes del igualmente impresentable expresidente Manuel Zelaya cuando era llevado en pijama a una base militar, para ser trasladado a Nicaragua, porque había cometido la osadía de convocar a una consulta popular para esclarecer si los hondureños apoyaban la reelección, lo cual sonó a chavismo y se convirtió en la razón para despojarlo del poder.

Sin embargo, cuando el establishment político hondureño consideró que había condiciones para perpetuarse en el poder, se movilizaron todas las piezas para hacer la misma jugada que le costó el cargo a Zelaya. Hace dos años, el Congreso aprobó una interpretación francamente antojadiza de la Constitución, al modificar un artículo pétreo, cuyo cambio solo podía provenir de una consulta con la población.

A esa grotesca manipulación también se prestaron altos magistrados hondureños, avalando dicho cambio, y así le dieron paso a una de las más aberrantes manipulaciones de la constitución hondureña, todo lo cual ha conducido a una de las más duras crisis de institucionalidad y de estabilidad, pues ni siquiera el estado de Sitio recién decretado ha conseguido frenar las protestas.

La obstinación de Juan Orlando Hernández, así como la estulticia de las autoridades electorales y de quienes han manipulado este proceso electoral, están haciendo retroceder a Honduras a las últimas décadas del siglo XX, a ese pasado de oprobio, cuando los regímenes militares actuaban igual, sin transparencia, manipulando procesos, instituciones y personas para beneficiar a los candidatos oficiales. Lo peor es que se puede convertir en una plaga que asuele otros países del Istmo.

Por eso se debe respaldar el planteamiento de la OEA, para que Centroamérica no dé un paso hacia atrás y no se permita que grupúsculos de sinvergüenzas se burlen de la voluntad popular.