La elección del próximo fiscal general, prevista para mayo del 2018, se ha convertido en uno de los más trascendentales temas de la lucha contra la corrupción. Por ello son muchos los interesados en que dicho proceso sea transparente y que además pueda garantizar la continuidad de los actuales esfuerzos en el combate de la corruptela, pues en caso contrario el panorama puede abrir una nueva etapa de confrontación.

El antagonismo suscitado en ese relevo abarca todo el espectro de pensamiento nacional, porque son muchos los intereses en juego y ello motiva que desde diversos sectores se perciba que el mayor esfuerzo del sector político y el oficialismo estará encaminado a poner al frente del Ministerio Público a una figura con menos márgenes de independencia en el combate de la corrupción y, en consecuencia, mucho más dócil hacia la voluntad de sectores de poder.

Del otro lado se encuentra la comunidad internacional y miles de guatemaltecos que rechazan la incrustación de la corrupción en el Estado y han expresado en distintos foros la necesidad de no poner trabas a lo recorrido en ese terreno. Sobre todo porque buena parte de los diplomáticos acreditados en el país tienen claridad de los beneficios para Guatemala, si sigue en esa dirección.

Ayer, en el Congreso, hubo un conato para empezar con ese proceso, pero fracasó el intento por incluir en la agenda del día la formación de la comisión postuladora para dirigir la elección de fiscal general. Ni siquiera hubo quorum, y con ello el Legislativo dio por terminado su actual período de sesiones, y cualquier intento ocurrirá en enero.

Sin duda será uno de los procesos más vigilados de nuestra historia reciente, porque es claro que desde oscuros sectores de poder, político y económico, se quiere frenar la arremetida contra criminales de cuello blanco y tampoco se descarta un flujo millonario de recursos para evitar que el Ministerio Público continúe con un perfil como el sello anticorrupción que le imprimieron las dos últimas fiscales generales, quienes han dejado una clara huella de los pasos por seguir en la continuidad de esos esfuerzos.

Pero también será uno de los procesos bajo inusitadas presiones, las cuales vendrán no solo por parte de quienes están en manos de la justicia, sino también de numerosos funcionarios en activo que tampoco han dejado de hacer un uso irresponsable y delictivo de fondos públicos, quienes aspiran a maniatar al MP, algo que podría redundar en cierta flexibilización de algunos procesos, aunque para ello deberán vencer obstáculos poderosos.

Uno de los diplomáticos que más ha insistido por múltiples vías que estará vigilante en ese proceso es el embajador de Estados Unidos, Luis Arreaga, quien ha recordado que para su país esa elección no solo es importante, sino que puede incidir en programas de cooperación.

Ante la incertidumbre, solo cabe responder con firmeza en nombre de quienes con sus aportes han hecho posible que Guatemala dé pasos ejemplares en la lucha contra la corrupción. Esto incluye, obviamente, un detenido análisis antes de aceptar incluso reunirse con personajes señalados por corrupción, porque solo puede ser interpretado como un apoyo subterráneo.