Juan Zapeta, alcalde indígena, dijo que Laynez es originario de Xatinap Primero, Santa Cruz del Quiché. Afirmó que hace unas semanas recibieron la denuncia por parte de familiares de la menor y luego de investigar, constataron que la joven fue violada en repetidas ocasiones por el señalado, quien es su padrastro.
“Decidimos azotarlo y que se comprometa económicamente con la menor y la familia, para lo cual firmó varios documentos legales”, aseguró Zapeta.
Laynez aceptó que cometió el abuso en varias ocasiones. “Ya me comprometí con las autoridades indígenas a pagar lo que me pidieron y cumplir los compromisos adquiridos”, declaró el azotado, quién después de haber recibido el castigo físico, se retiró tranquilamente del lugar.
Zapeta comentó que la joven afirmó que recibía presiones y amenazas del supuesto agresor. Agregó que respecto del caso de Laynez, las autoridades indígenas no consideraban esto como un castigo, más bien como una corrección.
“Ahora no solo azotamos, también ponemos condenas ejemplares”, dijo Zapeta, quien no comentó qué pasaría si el señalado no cumplía o huía del lugar.
Esta es la segunda condena que se da en menos de un mes, pues hace unas semanas, dos hombres fueron condenados a pagar Q35 mil al dueño de un microbús, que supuestamente habían robado. También dejaron como garantía su casa.
En esa oportunidad, las autoridades indígenas informaron que las condenas serían más fuertes y no únicamente los azotes.
Justicia estatal
Jorge Azañón, delegado departamental de la Procuraduría General de la Nación, dijo que a pesar de que el hombre fue azotado y condenado a una reparación digna a través de un derecho consuetudinario, no lo excluye de que la justicia estatal comience las investigaciones. Añadió que empezaron las averiguaciones para presentar la denuncia en el Ministerio Público.
Flavio Ruíz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Cruz del Quiché, manifestó que comenzarán las investigaciones para conocer qué sucedió en este caso.
