El partido FCN-Nación, que en forma inusitada llevó a la Presidencia a Jimmy Morales, ha logrado de igual manera convertirse en la agrupación más desprestigiada de la política activa, una proeza solo superada por el partido Líder, que estuvo a las puertas de un triunfo electoral y que al igual que el patrioterismo también se extinguió por la generalizada percepción de la inmoralidad de sus integrantes.

Esta precariedad se hizo patente en la misma elección del 2015, cuando apenas lograron una bancada de 11 diputados, pero como también ha sido una característica de la política criolla y de una legislatura venal, rápidamente formaron una bancada de 37 diputados, a base de tránsfugas y de perversos estímulos, aunque la novatez, la falta de criterio y la voracidad de poder los ha colocado también como una de las agrupaciones menos confiables.

Muchos de esos nuevos integrantes en las filas del oficialismo arrastran a su vez la desvergüenza de haber integrado los desaparecidos partidos Patriota y Líder, cancelados precisamente por su actitud marrullera, la cual mantienen invariable, y mucha de la alta dirigencia de esas dos agrupaciones sigue operando tras bambalinas o tras las rejas, con la mira puesta en zancadillear a la justicia y desbaratar todo esfuerzo contra la corrupción.

El más reciente desacierto del efecenismo incrustado en el Congreso es la intención de convocar a reuniones extraordinarias antes de que finalice el año, supuestamente para aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aunque en corrillos parlamentarios nadie duda de que de nuevo se buscará integrar una junta directiva impresentable, como el más reciente intento.

Este no es más que un burdo chantaje, que debe ser rechazado, y el resto de diputados no debe prestarse a esas maniobras, pues la Ley Electoral tampoco implica cambios determinantes en las próximas elecciones, precisamente porque este Congreso ha sido incapaz de sanear la política y la perversidad prevalece, empezando por el grupúsculo de diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales, que se ha encargado de manosear el texto para adaptarlo a sus mezquinos intereses.

En tal sentido, esas reformas pueden esperar, porque en las actuales condiciones cualquier cambio solo beneficiará a quienes han hecho de la política un repudiable modus vivendi y al final solo redundará en favorecer un modelo que ya es insostenible, ante una clara resistencia a renovar un sistema que ha sido la base de la corrupción.

El partido oficialista y su nutrida bancada de tránsfugas deben entender que existe un generalizado rechazo a las pretensiones de aferrarse al poder con la única intención de determinar quién sustituirá a Thelma Aldana, quien deja el cargo en mayo, porque eso implica el final de la lucha contra la corrupción, lo cual no solo los guatemaltecos lamentarían.

Suficiente rechazo ha recibido ya el abanderado del oficialismo en el Congreso, Javier Hernández, como para insistir en artimañas que acentuarán ese repudio, que puede ser el principio del fin de un proyecto que desaprovechó la oportunidad de cambiar el rumbo de un sistema que solo ha beneficiado a los vividores de la política.