Los países del Triángulo Norte arrastran con la vergüenza de estar entre los más rezagados del mundo, con los indicadores de violencia punteros en estadísticas. Es generalizado el irrespeto hacia muchos derechos o es notorio el abuso de poder, principalmente de la clase política, que ha sido la mayor responsable de los altos niveles de corrupción prevalecientes en el sector público.

Hace 11 días se produjo en Honduras uno de esos desagradables hechos típicos de estas repúblicas, cuando el partido gobernante, el presidente Juan Orlando Hernández y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral se confabularon para montar una sospechosa elección que de momento tiene como triunfador al mandatario, aunque en el primer conteo oficial era la Alianza de Oposición contra la Dictadura la que ocupaba la primera posición.

La tradición de irrespeto a la voluntad popular en la región hizo que ese hecho trascendiera el ámbito local y se convirtiera en un escándalo, porque la misma participación del actual mandatario está en entredicho, al ser claramente ilegal, ya que la Constitución hondureña lo prohíbe en un artículo manoseado por el Congreso y por magistrados plegados al oficialismo.

Sin embargo, las quejas de la oposición, las presiones de varios observadores y violentas protestas impulsaron un cambio en el discurso de la diplomacia estadounidense, y ahora se abre la puerta a un nuevo conteo.

Cuando los resultados todavía eran inciertos pero empezaba a perfilarse el actual gobernante como un probable triunfador, el Departamento de Estado declaró: “Instamos a todos los candidatos a respetar los resultados una vez se anuncien” oficialmente. Este tono tuvo un cambio significativo este miércoles, cuando las autoridades electorales aceptaron hacer un nuevo conteo con muchas de las actas que reclama la oposición.

En esta ocasión, Washington se refirió de manera más prudente a lo que ocurre en Honduras, al declarar: “Instamos a todos los actores a ejercer sus derechos pacíficamente y pedimos una decisión transparente, imparcial y oportuna de los resultados de las elecciones”, a la vez que reiteró el apoyo a las variadas misiones internacionales de observación de un proceso que ha sido cuestionado desde diversos sectores.

En el fondo, Washington debe tener un discurso coherente con lo que ocurre en estas incipientes democracias, porque las posturas dubitativas hacia gobiernos corruptos amenazan el fortalecimiento de la democracia y ponen en riesgo la estabilidad social, como ocurrió en Honduras con la imprudente actitud de la autoridad electoral y las medidas gubernamentales de restringir garantías, que dibujaban un cuadro propio de un golpe de Estado.

El fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la actuación de personas que constantemente dan muestra de su irrespeto a los cargos no debe enfrentarse con un discurso titubeante, porque la corrupción y otros flagelos que castigan a estos países surgen en buena medida como consecuencia del debilitamiento de las instituciones, de lo cual se aprovechan quienes desde el poder pueden incurrir en acciones irresponsables.