La madrugada del 28 de junio del 2009, unos 200 militares encapuchados entraron por la fuerza a la casa presidencial de Honduras para secuestrar al presidente Manuel Zelaya. Se lo llevaron en piyama a la base de la Fuerza Aérea, de donde fue deportado a Costa Rica, pese a que la Constitución prohíbe la expatriación o la entrega de hondureños a un Estado extranjero. Posteriormente, el Congreso destituyó por unanimidad a Zelaya por considerar que había violado la carta magna al impulsar una consulta popular, cuyo objetivo final era tratar de permitir la reelección presidencial.

El golpe de Estado contra el díscolo gobernante se había consumado, con lo cual la derecha latinoamericana respiraba tranquila porque había eliminado un supuesto foco de infección chavista en el área centroamericana.

En aquel entonces se alegó que Zelaya había intentado derogar el artículo 239 constitucional que prohibía la reelección y penalizaba con diez años de inhabilitación a quien quebrantara esa disposición o tan solo propusiera su reforma. Otro artículo, el 274 constitucional, definía que el 239 tenía carácter de pétreo, o sea que no se podía reformar saecula saeculorum, locución latina que significa por los siglos de los siglos o para siempre o eternamente.

Seis años después, el 22 de abril del 2015, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema, tres de ellos del partido de gobierno, se pasaron por el arco del triunfo el saecula saeculorum y resolvieron que era inaplicable el artículo 239. De un plumazo borraron del ordenamiento jurídico un artículo constitucional pétreo y le abrieron de par en par las puertas de la reelección al presidente Juan Orlando Hernández.

El actual mandatario no es precisamente un dechado de virtudes éticas. El diario The New York Times se hizo eco de las denuncias en su contra por haber desviado millones de dólares del sistema de salud a las arcas del oficialista Partido Nacional y, por supuesto, a sus bolsillos. Hay quienes equiparan el nivel de corrupción de Hernández al de Pérez Molina y Roxana Baldetti. Para aplacar las manifestaciones populares de rechazo a su gestión, el presidente llamó al diálogo y permitió la existencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, de la mano de la OEA, pero sin los dientes de la Cicig que opera en Guatemala.

Estos hechos fueron la antesala de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre último que han llevado a un descarado fraude para imponer la reelección de Hernández.

Para consumar esa acción antidemocrática, el gobierno impuesto el estado de sitio y el toque de queda para hacer frente a las virulentas muestras de rechazo de la población. Ahora el mandatario tiene una gran ventaja sobre su opositor, Salvador Nasralla, porque mantiene controlado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el conteo de votos se efectúa bajo estado de excepción.

Llama la atención que la mayoría de partidos políticos de Guatemala guarda silencio sobre las acciones fraudulentas en Honduras. El mismo presidente Jimmy Morales se vio envuelto en un hecho irresponsable al haber felicitado a su homólogo hondureño por su “triunfo electoral” cuando apenas comenzaba el conteo de votos. Eso evidencia el carácter antidemocrático de la partidocracia local. Frente a lo que ocurre en Honduras no deben mediar consideraciones políticas o ideológicas, sino solo cabe el rechazo total porque un fraude es un atentado contra la democracia.

Estos hechos también deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de que el TSE guatemalteco sea un organismo independiente de los partidos en contienda, porque eso es lo que está de fondo en Honduras: La manipulación del tribunal electoral para favorecer el continuismo de un presidente espurio.

@hshetemul