Guatemala

Policía denuncia a las autoridades indígenas de Sololá por azotar a subcomisario

La denuncia que la Policía Nacional Civil (PNC) presentó en el Ministerio Público (MP) contra las autoridades indígenas de Sololá busca que se aclare el suceso donde el subcomisario Edilberto López Godínez terminó azotado por varias personas y se deduzcan responsabilidades a los agresores.

El subcomisario recibió 20 azotes, ya que fue sindicado de extorsión, según las autoridades indígenas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El subcomisario recibió 20 azotes, ya que fue sindicado de extorsión, según las autoridades indígenas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Al respecto el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que hubo un informe preliminar antes de presentar la denuncia del caso.


La vocera del ente investigador, Julia Barrera, confirmó que la denuncia fue presentada por el director de la Policía, Nery Ramos.

El pasado 23 de noviembre, un grupo de vecinos y autoridades indígenas de Sololá, aplicaron 20 azotes al subcomiario López Godínez por supuestamente integrar una banda de extorsionistas. Horas después del suceso, la PNC en un comunicado respaldó al subcomisario y condenaron que los comunitarios hayan confundido al integrantes de policía con un delincuente que está plenamente identificado.

En la pesquisa, explicó Barrera, los investigadores deberán verificar varios hechos. Por ejemplo, López era o no integrante del grupo delictivo, si fue azotado como resultado de un juicio indígena donde fue encontrado culpable, entre otros detalles.

Por este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) destituyó a Tomás Sen Tecum, vicealcalde indígena de Sololá y oficial de comunicación de esa institución por haber participado en la agresión.


Condenan actos

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG), emitió un comunicado en el cual hace referencia a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.

En el pronunciamiento hace referencias textuales de lo estipulado en la Convención, además resalta que “los actos de represión y tortura cometidos por varias personas, y evidenciados públicamente, constituyen una violación clara a los Derechos Humanos, a las garantías constitucionales y al ordenamiento jurídico”.

La CIG calificó de “inaceptable”, la participación activa de las personas en el hecho, pero especialmente de empleados o funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Además, dijo reconocer los valores, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de Guatemala de conformidad con la Constitución Política de la República.

Ante el caso, piden al Ministerio Público una “inmediata investigación de los hechos en contra de las personas que actuaron de forma directa o indirecta”.

El otro llamado es para el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que presente la denuncia y que no se limite solo al despido de uno de sus delegados que supuestamente participó en los acontecimientos. 

ESCRITO POR:

Mynor Toc

Mynor Toc

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión con 26 años de ejercicio periodístico especializado en periodismo comunitario, seguridad, justicia y política. Becario de KOICA y el Reuters Institute en periodismo digital.

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