En los últimos días el presidente Jimmy Morales y la bancada del FCN han estado muy activos para lograr los votos necesarios que conduzcan a la aprobación del presupuesto general del 2018. Sin embargo, esos esfuerzos no han sido del todo productivos porque aún en el Congreso existen reservas hacia esa iniciativa, de la cual el Poder Ejecutivo nunca hizo una presentación pública del plan de gastos y ha demostrado una gran incapacidad para la ejecución presupuestaria. Para septiembre pasado, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones solo había ejecutado el 40.20% de los Q5 mil 889.9 millones que tiene asignados, a pesar de la situación calamitosa en que se encuentra la red vial del país. Ahora se observa al presidente Morales inaugurando cada relleno de baches para dar la impresión de que acelera el paso en la inversión física, lo cual implica otro cuestionamiento: ¿será que el mandatario no tendría que estar ocupado en el desarrollo de las grandes líneas estratégicas de su gobierno, en lugar de dar ese deprimente espectáculo de inaugurar remiendos en tramos carreteros?

El presupuesto presentado por el Ejecutivo tiene una serie de irregularidades. La primera es ¿cómo financiar un plan de gastos de Q87 mil 922 millones con una recaudación impositiva tan precaria? La única solución es adquirir más deuda por Q13 mil 800 millones y atornillar a la SAT. La comisión de Finanzas del Congreso bajó el presupuesto a Q84 mil 596 millones, que también es alta en función de los ingresos tributarios. Esa propuesta está amarrada al compromiso de la SAT de recaudar más de Q63 mil millones en el 2018, un aumento de Q5 mil millones en comparación al de este año. ¿Cómo hará la SAT para recaudar esos impuestos si el propio presidente Morales ha torpedeado la labor de Juan Francisco Solórzano? El mandatario cuestionó la labor fiscalizadora hacia grandes empresas y no dijo nada cuando frente a él un grupo de ganaderos de Izabal exigió la destitución de Solórzano. Más aún, el mandatario mina los ingresos fiscales al haber autorizado la exoneración de multas, recargos e intereses a contribuyentes, medida que impacta en la moral de quienes pagan puntualmente sus impuestos.

En el nuevo presupuesto también se incluyen beneficios para diputados y alcaldes, entre otros funcionarios que hacen negocios con la obra pública. En el plan de gastos del 2018 existe la posibilidad de ampliaciones presupuestarias para pagar deudas de arrastre anteriores, que se convierten en una invitación al saqueo de fondos porque no hay límite alguno. Este sería el dulcito que el presidente daría como premio a los diputados para que den luz verde a su presupuesto. Así también saldaría la deuda que tiene con los legisladores que evitaron que perdiera la inmunidad y pudiera ser investigado, luego de las denuncias de financiamiento electoral ilícito en su contra.

En el nuevo presupuesto la inversión también queda baja. La comisión de Finanzas del Congreso distribuyó Q54 mil 840 para funcionamiento, 13 mil 162 millones para pago de deuda y solo Q16 mil 593 para inversión. Eso significa que la posibilidad de impulsar nuevas obras será casi imposible. Por esas razones, lo mejor que puede pasar es que no sea aprobado el plan de gastos para el 2018 presentado por el Ejecutivo y que se mantenga el vigente. Es importante salirle al paso al pacto de corruptos que buscan hacer piñata los recursos del Estado que provienen de nuestros impuestos. Además que también dejaría abierta la puerta para que vividores, como Joviel Acevedo, crean que tienen derecho de picaporte para exigir aumentos retroactivos desde 1962 o de lo contrario paralizaría el magisterio nacional, lo cual solo tiene un nombre: extorsión. Estas son las lacras que medran de los fondos públicos.

@hshetemul