Los embates contra la corrupción parecen no estar entre las preocupaciones de quienes a la sombra del Estado continúan su denodada lucha por favorecer negocios oscuros o manipular procesos con el único objetivo de obtener ganancias perversas.

El pasado viernes, el presidente Jimmy Morales firmó el acuerdo mediante el cual se ordena la destitución de Rosa Elvira Pacheco Mangandi, quien fungía como viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Ministerio de Agricultura, con la dudosa justificación de que la ahora exfuncionaria se negó a ejecutar un millonario y poco claro desembolso de dinero.

Ese mismo día, enterada de la decisión, la exfuncionaria le envió una carta al mandatario, en la que le explica que su salida es el resultado de su negativa a firmar documentos para una millonaria compra a requerimiento del actual ministro de Agricultura, Mario Méndez-Montenegro, lo cual para ella estaba cargado de irregularidades y posibles ilícitos.

En realidad, las denuncias son mucho más serias y durante el fin de semana se conocieron detalles por medio de varios chats, en los cuales se conoce que las presiones eran para hacer una compra de alimentos que superaban en tiempo, recursos y capacidad de almacenamiento algo que en circunstancias normales requeriría de entre seis meses y un año para hacerlo de manera efectiva y transparente.

Ante los señalamientos y evidencias de un nuevo hecho de corrupción, el titular del Maga se negó a dar su versión y puso en manos de su equipo de comunicación ofrecer la postura oficial sobre este nuevo caso en el que un funcionario de menor jerarquía se resiste a aceptar presiones para autorizar adquisiciones irregulares, y en vez de aclarar la denuncia y sancionar como es debido a quien persiste en tan deplorable modelo, se castiga a quien las saca a luz.

La duda inevitable de plantearse es cuál es el verdadero papel que el presidente Morales está jugando en combatir la corrupción, porque aunque estas denuncias están fundamentadas, ni siquiera se tomó la molestia de indagar acerca de un procedimiento anómalo de adquisiciones y una vez más optó por la solución más sencilla, pero que deja otra enorme mancha sobre su cuestionable gestión.

Lo que parece aclararse es que la corrupción sigue invariable y no es cierto que la ejecución presupuestaria esté paralizada por el miedo de los funcionarios a firmar compras. En realidad existe una clara resistencia a prestarse a prácticas inmorales de las altas esferas de poder, quienes, a sabiendas de las anomalías, insisten en manipular procesos, y cuando no logran sus fines emprenden acciones deplorables en contra de quienes denuncian las irregularidades.

El presidente ha insistido, junto al grupo de diputados que han convertido el Congreso en el mayor centro de negocios, en modificar la Ley de Compras y Contrataciones, pero es obvio que se quiere atender a oscuros sectores, sin tomar en cuenta que la corrupción se ha convertido en un cáncer mortal de la administración pública.

Morales debe asumir una postura enérgica contra los corruptos, porque hay demasiadas denuncias similares en distintos ministerios.