La Corte Suprema de Justicia allanó el camino para la investigación de otro diputado. En este caso se trata del oficialista Julio Antonio Juárez Ramírez, quien está sindicado por el Ministerio Público de ser el autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre en Suchitepéquez, y de Marvin Tunches, de un canal de televisión local.

Al quedar sin inmunidad el diputado de FCN-Nación, se suma a casi tres docenas de legisladores que enfrentan investigaciones y procesos por diversos delitos, con lo cual aumenta la lista de una de las más vergonzosas legislaturas de los últimos años, pues a ellos debe todavía sumarse otro grupo que también está bajo investigación y se espera eso se desborde con las coimas repartidas por la constructora Odebrecht.

Lo cierto es que estos embates de la justicia no solo están desnudando la podredumbre en el Congreso, sino que también se erosiona el liderazgo de muchos de quienes han fungido como caciques de los departamentos a los cuales algunos han representado durante décadas.

Uno de los últimos en ponerse a disposición de la justicia, también tras haber perdido la inmunidad, es el diputado Arístides Crespo, uno de los más antiguos y conocidos tránsfugas en las distintas legislaturas en las que ha participado y que invariablemente lo ha hecho con los partidos que acceden al poder, con las movidas oportunas para cambiar de camiseta.

Crespo, junto a los hermanos Arévalo de Totonicapán, Baudilio Hichos en Chiquimula, Jaime Martínez Lohayza de Jutiapa, Manuel Barquín de Petén, Haroldo Quej de Alta Verapaz y ahora Roberto Villate, forma parte de ese círculo de diputados que cargan con la responsabilidad de manipulación de leyes y ahora también enfrentan sindicaciones de manejo dudoso de recursos en la campaña electoral anterior o por contratos amañados y la creación de plazas fantasma en el Congreso.

Ese es el tipo de curuleros que han tenido los guatemaltecos y que apenas con un Ministerio Público decidido se ha podido iniciar la persecución de quienes han hecho de la política un oscuro negocio mediante el manipuleo y complicidad con funcionarios del Organismo Ejecutivo, de donde salen los millonarios recursos para acomodar este tipo de voluntades.

Solo ha sido cuestión de tiempo y valentía para poder iniciar las pesquisas contra indignos representantes y por ello es que se insiste en no permitir que en el Congreso siga el manipuleo de normativas, porque claramente el antecedente de la ley a favor de las mafias evidencia la perversidad de quienes legislan con dedicatoria, en beneficio de violadores de derechos humanos o para limitar libertades esenciales.

Ojalá este sea el inicio de la tan ansiada depuración de uno de los organismos más perversamente integrados y que por la vía judicial se puedan ir apartando esos liderazgos tan nefastos, entre los que existe un largo historial de manipuleo, de vinculaciones criminales y hasta nexos con sicarios, como parece ser el caso más reciente que deja a disposición de la justicia a uno de los representantes del partido de gobierno en el Congreso.