La justicia de este país está en deuda con los guatemaltecos y un breve recorrido por las últimas dos décadas de su precario funcionamiento arroja suficiente evidencia de una actitud indolente, un modelo venal, cooptado, abrumado por la saturación de casos y, por supuesto, una perniciosa combinación de estos elementos que contribuyen a configurar un perverso paradigma de impunidad.

Una de las quejas más recurrentes y de mucha actualidad es el litigio malicioso, causa de los mayores entorpecimientos de la justicia y de que muchos casos lleven demasiados años en los tribunales sin que se emitan sentencias. Esto constituye una auténtica vergüenza para el sistema, que ha sido incapaz de acelerar procesos, emitir condenas prontas y sacudirse el modelo esclerótico de funcionamiento.

Álvaro Arzú, Orlando Blanco Lapola y Roberto Villate son las más recientes figuras en sumarse a ese entorpecimiento por enfrentar a la justicia y a fuerza de recursos han bloqueado su comparecencia en los juzgados, que buscan procesarlos por casos de corrupción, con lo que se agregan a una ominosa lista de opacos personajes en claro desafío al sistema de justicia.

Ayer, Human Rights Watch hizo un recorrido por las últimas dos décadas de impartición de justicia en Guatemala y ratificó muchas de estas deficiencias, que hacen del modelo judicial guatemalteco uno de los más penosos del mundo. Muchos de los procesados, entre ellos altas figuras de la política nacional, han llegado al extremo, junto a sus abogados, de poner en jaque a las judicaturas, siendo ellos los primeros en entorpecer esos avances.

Uno de los detalles que debería avergonzar a las más altas autoridades del Organismo Judicial es que en los últimos dos años se han dado golpes poderosos contra estructuras criminales, pero las condenas son casi nulas, en procesos en que los mismos jueces se vuelven cómplices, debido a sus actitudes negligentes, causantes de un completo entorpecimiento de la persecución penal.

Uno de los casos expuestos en la presentación de ayer fue el de Marlene Blanco Lapola, hermana del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza Orlando Blanco, acusada en 2012 de haber ordenado la ejecución de delincuentes y con frecuentes recusaciones ha logrado entrampar el proceso. A la vez ha puesto en evidencia la actitud parsimoniosa del sistema, pues la Corte Suprema de Justicia demoró seis meses en emitir una decisión y la Corte de Constitucionalidad tardó un año en resolver la apelación.

Muchos otros casos fueron citados ayer como ejemplo no solo de entorpecimiento de la justicia sino como una seria amenaza a un sistema disfuncional, incapaz de asumir sus propias responsabilidades, ante una debacle nacional que amenaza la viabilidad de la institucionalidad y cualquier posibilidad de consolidación, donde estructuras criminales adquieren una indeseable hegemonía.

Guatemala no puede seguir por esa senda y las autoridades deben encarar una penosa situación que conlleva serias amenazas para todos. La misma comunidad internacional debe definir el rol que quiere jugar en el fortalecimiento o debilitamiento de un modelo que se resiste a la renovación, y que hasta ahora se ha nutrido a base de corrupción.