“Toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible que provoque intimidación, zozobra, alarma o temor en la población o sector de la misma (…) que atente contra la salud, la libertad y la seguridad de las personas o del patrimonio, afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalación motrices o cualquier otro bien o servicio”, cita el artículo 4 de la iniciativa, que a juicio de analistas, es muy amplio.
Opiniones divididas
La iniciativa fue propuesta por Napoleón Rojas, diputado de la Unión del Cambio Nacional, quien también dictaminó a favor el proyecto como presidente de la Comisión de Gobernación.
“El objetivo de esto es tipificar la acción terrorista, no el arma que se utiliza. Existen acciones que forman la ejecución la causa del terror que genera pánico”, dijo Rojas al justificar la iniciativa.
Dorian Taracena, de Encuentro por Guatemala, integra la Comisión pero no firmó el dictamen, porque a su juicio la ley podría afectar a quienes no integren grupos criminales.
“Si esta iniciativa va dirigida para estos casos había que tipificar exclusiva y textualmente qué es lo que se va a entender como terrorismo, pero todo queda demasiado amplio, incluso, podría considerarse delitos las manifestaciones y paros”, aseveró Taracena.
Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador y miembro de la Comisión, explicó que los actos terroristas afectan a países muy cercanos, razón por la que se debe conocer y tipificar este delito.
“Muy recientemente tuvimos actos terroristas que cobraron vidas de personas inocentes, hablo del caso del Hospital Roosevelt. Es algo que se habló de forma amplia en la Comisión”, afirmó el legislador.
Hernández Azmitia, indicó que “un acto terrorista, no solo es matar a alguien, sino también dañar la iniciativa privada por personas que están actuando fuera de la ley”.
Sobre el riesgo de criminalizar las manifestaciones, el diputado dijo que la protesta ciudadana y el clamor está garantizado en la Constitución. “El derecho está, pero una cosa es protestar y otra cosa es el daño a las personas y a la propiedad privada, eso es un delito”, dijo.
Para Hernández Azmitia, “el derecho a manifestar es constitucional, pero se debe restringir a simplemente tener una postura social al respecto, y no dañar la propiedad privada ni mucho menos la integridad física de otras personas”.
Marvin Orellana, del bloque Alianza Ciudadana, agregó que toda iniciativa de ley puede sufrir una modificación y recordó que esta puede sufrir enmiendas.
“Lo que se tendría que hacer es delimitar claramente quiénes son los terroristas, para que mañana no sea tomado en una forma general y salgan dañadas otras personas que no tienen nada que ver con maras u otros grupos”, opinó el legislador.
Patricia Sandoval, de la Bancada Frente de Convergencia Nacional y firmante del dictamen, agregó que esta iniciativa “es congruente con la estrategia de seguridad centroamericana y es indispensable para poder establecer mecanismos idóneos dirigidos para el fortalecimiento de la paz, la democracia y el desarrollo en el país”.
Sandoval indicó que buscarán que la iniciativa tenga consensos en la instancia de jefes de Bloques.
“El presidente de la Comisión de Gobernación se comprometió a impulsar de una forma urgente la ley para que se conozca en el pleno, ya que vemos que es crucial para el país”, señaló.
Contra protestas
Es complejo legislar los actos de terrorismo en una situación de país donde la clase política continúa cuestionando el derecho a la libre manifestación, dijo Elvyn Díaz, presidente y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
“Hay que recordar que uno de los pilares de la democracia es la libre expresión y la libre manifestación, es un derecho constitucional reconocido”, consideró el experto.
De acuerdo a Díaz, la propuesta de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad, como está en el párrafo en el que se define el acto terrorista: “… afectando edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole…”, es la línea que más inquieta.
“Uno podría entrar a analizar los otros supuestos bajo los que se considera terrorismo, pero se está violando el derecho a la libre expresión y libre manifestación”, añadió el director del ICCPG.
Asimismo, Édgar Celada, del área jurídica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), afirmó que “llama la atención” dicho párrafo porque, “en efecto, hay una intención de seguir en la línea de la criminalización de las manifestaciones sociales”.
Acerca de las penas de 20 a 30 años para quien “impida la circulación de servicios de personal, combustible, carga y cualquier otro tipo y como consecuencia (…) haya o no pérdidas o daños”, Díaz indicó que son penas “totalmente desproporcionadas”, y que se estaría dejando la proporcionalidad de la acción respecto a la pena.
“Está comprobado que las penas altas no reducen los índices criminales, es la efectividad del sistema de justicia”, añadió.
Celada recordó el incidente en que Jabes Meda habría atropellado a varios estudiantes cuando manifestaban en la calzada San Juan, hecho que provocó la muerte de una menor.
“A la luz de como está la iniciativa, los terroristas eran los muchachos que manifestaban, y no la persona que les pasó con el carro encima”, reflexionó Celada.
Criminalizan
“Nos han acusado que somos terroristas y es lógico que el Congreso haga leyes en contra del pueblo”, expresó Carlos López, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), grupo que ayer realizó bloqueos.
“Esa ley que hacen los congresistas es para criminalizar las luchas sociales. Es lógico que ellos estén defendiendo los intereses de sus patronos y los que están involucrados en toda la corrupción”, afirmó.
Añadió: “Ese tipo de leyes no nos asusta porque somos un pueblo que estamos defendiendo derechos sociales”.
Positivo castigar
Antonio Malouf, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), consideró que si se cumplieran las leyes vigentes en el país debería de ser suficiente. “El problema es que, por ejemplo hoy —ayer—, no se permitió la libre locomoción en varios puntos, eso atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los guatemaltecos de transitar”, afirmó.
Para Malouf hay leyes vigentes que pueden usarse para accionar y evitar tener nueva legislación.
Por su parte Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria, opinó que es positivo que no se impida la libre locomoción, no solo en el transporte comercial, sino en general. “Una cosa es manifestación pacífica y otra es bloquear carreteras. Tienen que haber consecuencias porque hay pérdidas, no solo económicas, también personales”, añadió.
