Cada 20 de octubre se me despierta una contradicción: por un lado, reconozco y comparto la importancia de conmemorar la gesta que acabó con años de dictadura ubiquista y que marcó el inicio de un período extraordinario de avances y modernización para el país que hasta ahora no hemos logrado volver a igualar. Un pueblo que no conmemora a sus héroes y las gestas que han modelado su esperanza democrática se vuelve anodino, sin identidad, súbdito de élites y grupos de interés e incapaz de defender sus derechos frente a estos poderes. Por otro lado, siento cómo la nostalgia por el pasado perdido va ocupando cada vez más espacio en el imaginario. Difícil que sea distinto, dada la brutal realidad de un país desfigurado por la corrupción, con el Estado capturado por mafias de todo tipo y élites que resisten ferozmente el cambio estructural que necesitamos.

Hace ya tres cuartos de siglo se visualizaba con claridad cuáles deberían ser sus componentes clave: Una profunda reforma económica que liberara los factores de producción del férreo y excluyente control de un pequeño grupo, para ponerlo a disposición de las mayorías y así desatar sus capacidades productivas. Una significativa inversión en infraestructura vial, productiva y social que apalancara el desarrollo agropecuario, pero también la industrialización del país; abrir la puerta para la transformación de las relaciones cuasifeudales prevalentes en el campo, promoviendo el tránsito ocupacional y de mentalidad del campesinado a obrero industrial o a trabajador del sector servicios, en segunda instancia. Eso requería un Estado con instituciones fuertes y financiadas, capaces de acompañar y apoyar a la gente en su transformación de peones a disposición de un amo, a sujetos económicos, sujetos sociales y sujetos políticos preparados crecientemente para vivir en democracia.

La visión de desarrollo que impulsaran Arévalo y Árbenz tenía esa impronta, marcada fuertemente por el paradigma de la modernización, en boga en los años de la posguerra. Guatemala procuraría su desarrollo económico impulsando el capitalismo; uno que se acompañara, eso sí, de mejoras en el bienestar social de las mayorías y en la democratización política y económica de la Nación.

Mi texto no tiene más pretensión de que quienes me leen puedan motivarse a leer por su cuenta y reflexionar lo que fue el modelo de desarrollo propuesto para el país. Necesitamos discutir su relevancia y viabilidad en una coyuntura mundial dominada por una plutocracia que, tanto a escala global como de los distintos países, está tratando de romper con todas las reglas del juego —las instituciones— que se fueron construyendo desde el fin de la segunda guerra mundial para garantizar libertad y prosperidad.

Desde su perspectiva de maximizar las ganancias, las rentas y los privilegios para ese exclusivo grupo mundial, los ciudadanos con derechos somos un estorbo; y las instituciones que establecen contrapesos, un obstáculo para sus propósitos.

Vemos estallar por todas partes a las masas ciudadanas rebelándose contra este modelo extractivista y concentrador; gente luchando por preservar sus derechos y libertades democráticas tan duramente ganadas. En todos lados, menos en Guatemala, donde prendió una chispa en el 2015, pero que rápidamente se encargaron de apagarla. No fuera a ser que quisiéramos salir finalmente del yugo que nos impusieron el 15 de septiembre de 1821, y que se ha renovado reiteradamente a lo largo de estos 198 años, con excepción de esos diez años revolucionarios. Recuperar el Estado de su cautiverio pasa por hacer muchas de las cosas que se plantearon hacer hace 75 años.