El legislador evitó indicar cuánto podría bajar el techo presupuestario, con el argumento de que es un trabajo bastante técnico y aún falta escuchar a algunas entidades.
“No puedo decir se bajará en este monto porque no tengo el dato, pero sí se bajará considerablemente”, aseguró el congresista.
Otros legisladores y miembros de la mencionada sala han indicado que para tener un presupuesto viable sería necesario hacer una rebaja al techo presupuestario de unos Q5 mil millones, a lo que Maldonado respondió: “Sí podría, pero no podría decir con certeza en este momento porque depende del análisis y porque hay muchos techos que no se pueden tocar”.
Expertos coinciden
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (Atal) coincidió en que la rebaja al techo presupuestario debía rondar entre los Q5 mil 558 millones. Con esos datos, el presupuesto quedaría en Q84 mil 364 millones.
Tanto la Atal como el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) consideran que la recaudación tributaria está sobreestimada y que con la alta contratación de deuda propuesta se llegaría a 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), el cual consideran alto.
El Cien fue contratado para efectuar el análisis de Atal, se indicó, y aparte hizo su propia propuesta. Atal expuso que la proyección de recaudación fiscal debe rebajarse en Q1 mil 902 millones, respecto de los Q63 mil 12 millones propuestos.
Esa agrupación explicó que el proyecto del Gobierno planteó el incremento de 8.7 por ciento en la recaudación tributaria neta para el 2018, lo cual es superior al crecimiento de la recaudación de los cinco años previos a 2017.
Por lo anterior, “no se considera realista, especialmente si se toma en cuenta que el aumento de recaudación para el 2017 se debe al efecto extraordinario derivado de cobros de la SAT por vía judicial y por una exoneración de multas, efecto que no es sostenible en el tiempo”, indicó.
Por su parte, el Cien refirió que se incluyeron Q2 mil 350 millones como impuestos indirectos que “no están técnicamente justificados” y que recomiendan cambiar. Ese monto incluye resultado de medidas administrativas que debe establecer la SAT pero no se tiene detallado.
Respecto de la deuda, ambos entes la consideran muy alta, ya que llega a Q18 mil 361.9 millones. Ese dato significa el 2.6 por ciento del PIB.
Atal afirma que debe rebajarse para que quede en 2 por ciento, lo cual, aunque aún es alto, la macroeconomía aún lo resiste, según Mario García Lara, de la Fundación 2020, mientras que Jorge Lavarreda, presidente del Cien, considera que debe dejarse en 1.5 por ciento.
Lavarreda criticó que se esté contratando mucha deuda para pagar deuda adquirida con anterioridad o para gastos corrientes o funcionamiento, como pago de trabajadores, o del programa del adulto mayor.
Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, afirmó que el presupuesto está en manos del Congreso ahora. Agregó que respecto de la idea de bajarle Q5 mil 558 millones, sería principalmente al monto para inversión, porque esas entidades también están recomendando bajar la deuda propuesta.
En cuanto al déficit fiscal e incremento de la deuda, mencionó que este año no se usaron algunos recursos de la deuda, entre otros puntos, porque el Congreso no les aprobó los préstamos y que la idea que tienen es que se logren ejecutar el año próximo.
Las decisiones propuestas se analizaron con la Junta Monetaria y con base en estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI), según el ministro.
Agregó que ese ente les comentó que hay un gran déficit en inversión y en prestación de servicios, y que aún hay espacio para manejo de la deuda, por lo que no se oponen. “No se está usando más deuda para el otro año, sino que usaremos el espacio presupuestario que no se usó este año”, explicó.
Estrada defiende que en la asignación multianual están trabajando en la asignación por resultados, y eso se ve que se les asigna más a los programas que tienen más efectividad.
Lavarreda añadió que sobre los ingresos tributarios se establecieron Q2 mil 350 millones por medidas administrativas de la SAT con ingresos no justificados ni detallados, pero en su opinión, “por la debilidad institucional no se hace creíble que se logren esos ingresos”.
Al respecto, Abel Cruz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en funciones, dijo que ese ente se rige por la Ley Orgánica del Presupuesto y para establecer las metas de recaudación se integra una comisión que en junio presenta proyecciones con variables e información macroeconómica del Banguat a abril del 2017, pero luego de eso la SAT no tiene la facultad de recalcularla y plantear otra.
Agregó que cada intendencia se prepara con planes para lograr más recaudación con medidas administrativas.
En cuanto a la deuda, Lavarreda alertó que ha crecido de tal forma que las transacciones para pago de esta han llegado a ocupar, por finalidad del gasto, el 15.7 por ciento del presupuesto.
Por último, de no lograrse el recorte del techo para tener un déficit no mayor al 2 por ciento del PIB, “sería menos pernicioso mantener el techo de presupuesto de 2017, aun con las inconveniencias que una decisión como esta puede acarrear para el eficaz funcionamiento del gobierno”, señaló.
“No más bonos”
Los traslados se han efectuado a entes como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la SAT, y Defensa Pública y Penal, como lo establece la Ley, agregó.
Sin embargo, instó a que los montos que no se pudieron ejecutar este año se trasladen para el 2018,y no se gasten de esa manera, ya que persisten necesidades fundamentales que se deben atender.
