Con motivo del bicentenario de la Independencia (1821-2021) se hace un recorrido de lo que hicieron los presidentes o jefes de Estado en  la hacienda pública y los tributos en Guatemala, en el período  de 1966 a 1996.

Julio César Méndez Montenegro (1966-1970) intentó dos reformas tributarias que resultaron fallidas. La alternativa fue aumentar el impuesto del timbre. Los países centroamericanos conjuntamente establecieron sobretasas a los aranceles de exportación en lo que se conoció como Protocolo de San José, en 1968, que fue un espejismo tributario. Ese mismo año se canceló totalmente la deuda inglesa de 1825, tras 143 años de carga financiera.

Carlos Arana Osorio (1970-1974) disponía de un plan económico completo que se vino al suelo con el aumento de los precios del petróleo en 1973. Nueve días antes de concluir el período presidencial, se aumentaron con carácter progresivo los derechos de exportación al café, algodón, azúcar, carne y mariscos.

Kjell Eugenio Laugerud García (1974-1978) se benefició tremendamente de esos impuestos progresivos. Con ocasión del terremoto de San Gilberto, el 4 de febrero de 1976, se emitieron Bonos del Tesoro Reconstrucción.

Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) promovió una masiva construcción de infraestructura del Estado, pero tuvo un pequeño problema. Inició con financiamiento de proveedores y luego se financió en el Banco de Guatemala con Bonos del Estado a largo plazo, que generaron un grave problema fiscal y monetario. Inició la devaluación del quetzal después de casi 60 años que se había mantenido la paridad de la moneda y la inflación era desconocida.

Efraín Ríos Montt (1982-1983) estableció un nuevo impuesto que llegó para quedarse eternamente a partir de julio de 1983: el impuesto al valor agregado (IVA), con tasa del 10% y muchas exenciones. Se anunció que eliminaba y sustituía 300 impuestos. También se modificaron otros tributos.

Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986) en conferencia de prensa improvisada redujo la tasa del impuesto del IVA del 10% al 7%, en septiembre de 1983. Se emitieron el Lunes de Pascua, de 1985 —Lunes Negro denominé ese día—, cuatro decretos tributarios que finalmente fueron derogados, sustituyéndose por un paquete tributario más liviano que ayudó a detener la caída de la carga tributaria. Hubo una suspensión unilateral del pago de la deuda externa del Gobierno y el Banco de Guatemala.

Vinicio Cerezo Arévalo (1986-1991) heredó una crisis fiscal, monetaria y económica en general. Se llevó a cabo una reforma tributaria en 1987, que fue la primera reforma impugnada en la Corte de Constitucionalidad. También se establecieron impuestos a la exportación, por un período de 36 meses, con una tasa gradual decreciente, lo que ayudó a normalizar la tasa de cambio, aunque esta vez ya se aceptó la devaluación oficial. Terminó el período gubernamental con un descenso en la recaudación tributaria.

Jorge Serrano Elías (1991-1994) de nuevo heredó una crisis fiscal. Se establecieron y modificaron una serie de impuestos que permitieron operar razonablemente el Gobierno.

Ramiro de León Carpio (1994-1996) estableció nuevos impuestos. La tasa del IVA aumentó del 7% al 10%. Un nuevo impuesto, que era temporal, ha permanecido en vigor durante más de tres décadas, con distintos nombres. Es el tributo cobrado anticipadamente a cuenta del impuesto sobre la renta, y que se calcula sobre un porcentaje de los ingresos o alternativamente sobre el valor de los activos para las empresas. Es el impuesto que más afecta a las empresas, por congelar dinero en efectivo, al igual que el crédito fiscal del IVA, cuyos montos son millonarios.

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