Los flujos financieros ilícitos son corrientes de dinero que fluyen entre países, y que han sido ganados, transferidos o utilizados de manera ilegal. De acuerdo a los estudios específicos, estos flujos se originan principalmente por actividades comerciales y delictivas, e incluyen recursos obtenidos por defraudación tributaria, evasión y elusión de impuestos, corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otras.

El más reciente informe de la organización Global Financial Integrity, publicado en enero de 2017, revela que, entre 2005 y 2014, los flujos financieros ilícitos a nivel global, crecieron anualmente entre 8.5 y 10.1 por ciento. En ese período, el 87 por ciento de dichos flujos se debieron a la facturación fraudulenta del comercio con fines de evasión de impuestos. Para Guatemala, el estudio estima un promedio anual de 2.4 millardos de US dólares en flujos financieros ilícitos relacionados con actividades comerciales y otros 187.0 millones de US dólares calculados por concepto de Hot Money, es decir, movimientos de capital ilegal calculados por medio de la Balanza de Pagos. Si se aplica a estos dos flujos ilícitos la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente ?25%?, el Estado ha dejado de recaudar anualmente hasta el 1% del Producto Interno Bruto por su evasión.

Si en 2017 se conservara el mismo nivel de evasión del ISR como resultado de flujos financieros, entonces el Estado estará perdiendo aproximadamente 5.6 millardos de quetzales, que representan casi el 10% de la meta total de recaudación de impuestos. También equivalen al 40% del presupuesto destinado al Ministerio de Educación, al 80% de los recursos destinados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y cerca del 100% del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Los recursos de ISR evadido representan, 8 y 10 veces el presupuesto del Estado destinado a los ministerios de Trabajo y de Cultura y Deportes, respectivamente.

Los flujos financieros ilícitos son otro instrumento utilizado por quienes hacen negocios en la opacidad, y los caminos para hacer esta fechoría se simplifican con la apertura de empresas fuera de plaza (off-shore). Estas empresas no son ilegales e incluso pueden ser manejadas como una herramienta en el proceso de expansión e internacionalización de las empresas. Pero, mal utilizadas pueden ayudar a garantizar la impunidad y el anonimato de aquellas personas y empresas que violan leyes, tanto para evadir el pago de impuestos sobre ganancias generadas lícitamente, como para trasladar a otros países recursos conseguidos de manera ilegal. Los paraísos fiscales —Estados sin acuerdos para el intercambio de información con otros Estados, con secreto bancario y facilidades para mover dinero— en donde la mayoría de empresas off-shore están localizadas, constituyen la otra pieza clave en el ajedrez de la impunidad y la corrupción internacional.

Para la lucha contra la impunidad y la ruptura del actual pacto de corruptos en Guatemala —que convoca a empresarios millonarios, políticos y funcionarios corruptos, narcotraficantes, líderes religiosos obscuros y otras personas con mucho poder político y económico—, se debe estudiar e investigar los flujos financieros ilícitos. El dinero que sale del país ilegalmente alimenta un dinámico círculo vicioso de corrupción y poder. Además, constituye una barrera al desarrollo al desviar recursos que pudieron ser útiles para aumentar las inversiones privadas lícitas o para ejecutar programas públicos en favor del crecimiento económico y el bienestar social.