“El calabozo, según los vecinos fue utilizado durante el tiempo de la guerra para torturar a personas, no tiene luz eléctrica, ventilación, sanitario, el clima ahí dentro es frío y estaba inundado de agua cuando efectuamos la verificación”, explicó Otto Paz.
Los relatores fueron al Juzgado de Paz para conocer la situación legal de la persona detenida, pero a las 19 horas del día en que llevaron a cabo la verificación la judicatura estaba cerrada y ninguna persona atendió en los números de teléfono que se mostraba en una hoja pegada en la puerta del juzgado.
“Los policías municipales no mostraron la orden de captura, ni la orden del juez para recluirlo ahí, no existe un registro de qué personas ingresan a esa cárcel, lo que sí existe es una violación a los derechos humanos”, manifestó Paz.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura exigirá a la comuna de Concepión Tutuapa clausurar el calabozo y no descarta presente una denuncia en el Ministerio Público.
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Del conocimiento del MP
Al respecto, Wilver Ardiano, gobernador de San Marcos, a través de mensajes de texto respondió: “Según la investigación realizada se determinó que es utilizada –la cárcel– en calidad de prevención mientras asiste el Ministerio Público para evitar que se fuguen los sindicados, en este caso, había una persona en el interior de la carceleta y era porque aparentemente escandalizaba en estado de ebriedad. Le reitero, me indican que –del funcionamiento de– la carceleta tiene conocimiento el MP y se descarta que sea utilizada de mala fe y afectar a los vecinos”.
PDH no tenía conocimiento
Enrique Morales Castilo, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en San Marcos, afirmó que desconocían del caso y no descartó que posibles delitos como detención ilegal y secuestro de personas.
“Vamos a coordinar con el Ministerio Publico y efectuaremos una verificación para conocer a fondo del tema”, expresó Morales Castillo.
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Sin respuesta
Prensa Libre buscó contactar a Petronilo Chun Ramírez, alcalde de Concepción Tutuapa, para conocer su versión sobre la cárcel que funciona en el edificio municipal, los cuatro números telefónicos a los que se llamó sonaron “fuera de servicio”.
En el Juzgado de Paz ninguna persona atendió las llamadas, se solicitó a Mario Siekavizza vocero del Organismo Judicial una postura al respecto, el funcionario recomendó gestionar ante el Consejo de la Carrera Judicial una versión sobre el tema.
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