La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de rechazar las solicitudes de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales y 107 diputados que emitieron decretos claramente favorables a la impunidad vuelve a desatar polémica porque deja la sensación de que el sistema de justicia no hace su mejor esfuerzo en la búsqueda del esclarecimiento de la verdad sino favorece a una casta desprestigiada.

La inmediata devolución de los 450 mil quetzales que había recibido el presidente de recursos del Ejército constituye el reconocimiento implícito de una irregularidad, pero sobre todo de uno de los actos más inmorales del mandatario, quien no parece tener la más mínima noción del alcance de sus acciones o de la impertinencia de quienes lo hacen bajo perversas intenciones.

Lo mismo ocurre en el caso de los diputados, quienes también debieron retroceder en su pretensión de beneficiar a la delincuencia ante la mayor muestra de indignación ciudadana contra ese organismo, al extremo de que en menos de 48 horas dieron marcha atrás en el vergonzoso intento por favorecer a criminales.

Las más altas autoridades de justicia en Guatemala consideran que en el primer caso ya se había solventado la situación con la devolución de recursos, como lo había pedido la Contraloría General de Cuentas, y en el de los diputados, porque la Constitución les permite efectuar ese tipo de acciones, una ligereza que en todo caso merece un mayor análisis.

Estas últimas decisiones de la CSJ caen en la misma categoría de las arbitrariedades que se buscaba investigar más a profundidad, lo cual ha impedido con estas resoluciones, y aunque pudieran tener algún asomo de legalidad, no pueden dejar de verse como un nuevo acto sospechoso porque se cierra la puerta a toda posibilidad de esclarecer los hechos.

Debe verse así, porque los actuales magistrados arrastran el estigma de haber sido designados a esos altos cargos por una de las legislaturas más corruptas de la historia política guatemalteca, al extremo de que los partidos Líder y Patriota hoy están desaparecidos a golpes de legalidad y sus principales dirigentes están tras las rejas, enfrentando serias acusaciones de corrupción, bajo procesos judiciales o fugados en su intento por que no los alcance la justicia.

Por si fuera poco, ayer el magistrado Gustavo Adolfo Dubón, juez pesquisidor, recomendó al máximo órgano de justicia que no le retire la inmunidad a Luis Rabbé ni a quienes lo acompañaron en la junta directiva del Congreso en el período 2014-2015, como si estar prófugo no fuera suficiente evidencia de su responsabilidad.

No se puede confiar en el actual modelo de impartición de justicia porque no es el reflejo de lo que ocurre en Guatemala ni mucho menos atiende el clamor de miles de indignados ante la corruptela imperante. Un aspecto que también se evidenció ayer en el Encuentro Nacional de Empresarios, cuando en pleno discurso del presidente Morales, un grupo de personas elevó una pancarta de protesta en la que le reclamaban el aumento del 76 por ciento al Ministerio de Comunicaciones, la mayor fuente de corrupción en los últimos gobiernos y por lo cual hay funcionarios y empresarios bajo proceso.