El mundo quedó en vilo, aunque no sin daños, tras la esperada comparecencia del jefe de gobierno de Cataluña ante los diputados de su autonomía, a quienes dejó con un sabor agridulce, pues aunque proclamó la independencia del resto de España, de inmediato la dejó en suspenso, con la excusa de abrir un diálogo con el gobierno central.

La enormemente ambigua declaración de Carles Puigdemont no solo volvió a dejar a los españoles con la duda sobre el futuro inmediato de la corriente soberanista, sino que complicó aún más el agitado panorama español, al obligar finalmente al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a que se pronunciara y le solicitara explicar qué había querido decir ante el parlamento.

Así de compleja se torna la crisis española, donde ni las más altas autoridades saben con exactitud lo que el representante de los independentistas quiso decir, al intentar trasladar a los españoles su interpretación de la ilegal votación del pasado 1 de octubre, en la que se impuso el sí por amplia mayoría, pero con la participación de una minoría.

Mientras los políticos buscaban esclarecer la decisión final de los catalanes, la fisura continuaba ensanchándose, sobre todo en el terreno económico. Más empresas se suman a la retirada de Barcelona, ante el grave riesgo de quedar de un lado al que no les interesa pertenecer porque en realidad es absurdo.

Ayer, el gobierno español emplazó a los líderes independentistas, para que en el término de cinco días aclaren la postura definitiva sobre la planeada separación, porque es lo que les permitiría emplear nuevas medidas. Estas, poca duda cabe, solo agravarán la crisis, porque las diferencias son mucho mayores y, en consecuencia, requerirán respuestas sensatas y sobre todo claras.

El siguiente paso será la invocación, por parte de Rajoy, de un artículo constitucional con miras a reducir la capacidad de maniobra de los secesionistas, lo que al igual que la violenta represión el día de las votaciones, solo complicará las cosas para Rajoy y para todos los españoles, porque cualquier solución pasa por un mayor acercamiento y un diálogo amplio con todos los sectores sociales, políticos y económicos.

El origen de la mayor crisis de la actual democracia española surge de la incapacidad de los políticos para establecer acuerdos, pero también del oportunismo de los líderes catalanes para impulsar un proyecto que no contaba con el apoyo mayoritario de la población española y donde aún los medios de comunicación más importantes mostraron su desacuerdo por el apresuramiento en un hecho de tanta relevancia, que de afianzarse, debilitará a España.

Pero también hay enormes carencias por parte del gobierno central español, que ahora deberá escuchar no solo a los independentistas, sino a otros opositores, como los socialistas que tomaron la iniciativa de plantear reformas constitucionales que apaguen las ideas independentistas de los catalanes. También urge que aplaque el populismo de los dirigentes políticos, quienes, junto a un pequeño grupo de empresarios, han tratado de agitar la bandera del nacionalismo, que conlleva más perjuicio que beneficio para los catalanes y el resto de españoles.