Para el abogado, el procurador, Alejandro Ordóñez, se extralimitó en sus funciones y las acciones de Petro, un guerrillero desmovilizado, en ningún caso constituyen formas de corrupción.
Una vez que el alcalde sea notificado oficialmente de la decisión del procurador, tiene tres días hábiles para presentar un recurso de reposición y mientras éste no le sea negado sigue en su cargo.
“El decreto de las basuras es un decreto legal y además transitorio”, dijo el representante legal, quien explicó que estos instrumentos se utilizan en otros países, y citó el caso de Madrid, que el mes pasado contrató transitoriamente un servicio de emergencia ante la huelga de sus operarios.
En el centro de Bogotá, decenas de recicladores se manifestaron con caballos, que son utilizados para la recolección de basura, a quienes Petro entregó, en el marco de su reforma, vehículos motorizados para mejorar sus condiciones de trabajo.
“Petro no debe salir. Es el único que se ha preocupado por nosotros los pobres y nos ha ayudado a progresar”, dijo Misaelina Moreno, una recicladora de 49 años.
Si el recurso ante el Procurador es rechazado, ahí la decisión queda en firme y Petro deja de ser alcalde, siendo reemplazado por alguno de los componentes de una terna que su partido, el Movimiento Progresista, debe presentar al presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Según la ley, la Procuraduría no tiene un plazo para analizar el recurso, pero de confirmarse la decisión en primera instancia debe convocarse a elecciones en los 55 días siguientes
Sin embargo, Petro puede acudir al Consejo de Estado o presentar una tutela ante un juzgado, tal y como lo hizo la exsenadora Piedad Córdoba, que tras ser destituida por el propio Ordóñez, presentó un recurso, que finalmente le fue denegado, ante la Corte Constitucional.