El asesinato de los diputados salvadoreños y su piloto, y la posterior ejecución en la cárcel de El Boquerón de los agentes de la PNC —supuestos responsables de ese hecho— obligó finalmente al gobierno de Óscar Berger (2006) a solicitar a las Naciones Unidas la instalación de una comisión internacional para la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs). La captura y cooptación de la institucionalidad era de tal magnitud que se hacía imposible que fuera el propio Estado el que realizara la tarea.

El surgimiento de estas redes criminales se remonta a los años de la represión, cuando se organizaron como parte de la política contrainsurgente, a través de estructuras de inteligencia como el Estado Mayor Presidencial (EMP), lo que les permitió tener un control absoluto en el manejo de la cosa pública, incluyendo las aduanas, migración, los cuerpos de seguridad, ministerios y el sistema de justicia.

Este entramado mafioso no fue desarticulado con la firma de los acuerdos de paz, las redes criminales se reconfiguraron (mutaron y se adaptaron) y ampliaron su margen de maniobra hacia otros ámbitos del espectro público y del privado. Incluso permearon el sistema de partidos políticos para asegurarse mantener el control de la institucionalidad por la vía legal y electoral.

No es casualidad entonces que los personajes se repitan y que actores señalados en el pasado reciente como responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos hoy formen parte de las redes criminales vinculadas con los casos de corrupción que se investigan.

Estas redes tienen la capacidad de tener capturado y cooptado al Estado porque fueron creadas por los grupos de poder real, que no solamente las diseñaron y financiaron, sino que las convirtieron en la forma de hacer funcionar al sistema, “su sistema”.

Esa es la razón principal por la que cuando se toca el corazón de las mafias, indefectiblemente se toca a personajes prominentes de los sectores reales de poder, porque es ahí donde radica su génesis.

Y cuando se desafía al poder real, el poder real reacciona, y lo hace con todo lo que tiene a su alcance. En los últimos 50 años las castas dominantes guatemaltecas habían ejercido el poder a través de mantener ocultos los mecanismos reales de dominación, pero ahora que se sienten atacadas se han visto obligadas a explicitar esos mecanismos y mostrarse tal cual son: la aparición de Arzú en la conferencia de prensa del MP y Cicig, el acto de los ganaderos en respaldo a Jimmy Morales, las campañas de desprestigio, la intimidación contra periodistas y la utilización de fuerzas de choque son algunos ejemplos.

Para quienes consideran que este país es una finca, resulta inaceptable cualquier grado de autonomía y cuestionamiento al ejercicio de su poder. Hasta ahora había bastado que fueran los subalternos quienes dieran la cara y sufrieran el desgaste, pero parece que a los patrones les llegó el momento de salir y lo están haciendo de la única manera que saben hacerlo, con prepotencia y llamando a la violencia como mecanismo de resistencia.

Lo que está en crisis es el sistema que ellos construyeron para garantizarse privilegios e impunidad. Lo que está en disputa es la salida que le demos a la crisis. El status quo le apuesta a la posibilidad de la reconfiguración para mantener intacto su sistema, la pregunta es si estamos dispuestos a permitirlo o seremos capaces de generar una alternativa democrática para terminar con este régimen impuesto de captura y cooptación.

@MarielosMonzon