El general Williams Mansilla dejó el servicio activo dentro del Ejército, le cayó el retiro y dejó la institución armada en el centro del escándalo. Pocas veces nuestra sociedad puede discutir, analizar y sobre todo evidenciar cómo es que se manejan los dineros dentro del Ejército porque su opacidad es regla.

Nací y viví buena parte de mi adolescencia en un país donde el Ejército tenía banco, aseguradora, almacenes de depósito, instituto de previsión, lotificaciones, comisariato, industrias y, por si fuera poco, también mandaba desde el Palacio Nacional. Arana, Laugerud, Lucas, Ríos Montt y Mejía Víctores —dejando a un lado a Guevara, que hizo su fraude pero no asumió la presidencia—, no gobernaron por sí solos, otros militares ocupaban espacios importantes en la administración pública. Justo es mencionar que mientras Lucas llevaba su campaña de exterminio en los ámbitos rurales y de aniquilamiento de la intelectualidad en los medios urbanos, con la complicidad de buena cantidad de civiles, especialmente abogados, durante ese gobierno se construyeron grandes obras de infraestructura. Durante aquel régimen, escribir cualquier cosa contra el Gobierno representaba una sentencia de muerte, así que la corrupción pasó de largo, sabida y aceptada. Luego, con el golpe de estado entró Rios Montt con una nueva forma de gestión y año y medio otro golpe de Estado entronizó a Mejía Víctores para entregar el poder al abogado Vinicio Cerezo en enero de 1986.

Los cambios de gobernantes no han representado mayor cosa para el Ejército, salvo la ocurrencia de Óscar Berger de reducirlo sin mayor planificación, dentro de una dinámica en que en el gobierno anterior, presidido por Alfonso Portillo, las movidas hicieron que se “perdiera el Banco del Ejército” y también se investigaran y denunciaran desfalcos en el Instituto de Previsión Militar.

Del Ejército se habla mucho, pero se sabe poco. Por eso, que por una investigación periodística de Nómada se evidenciara que el propio presidente recibía un bono de 50 mil quetzales mensuales, pero que tras él la lotería corría para el propio ministro de la Defensa, sus viceministros y el jefe del Estado Mayor, dibuja un abuso descomunal y hasta una serie de delitos. Dos millones 130 mil quetzales se habían recetado. A la fecha el presidente devolvió, por requerimiento de la Contraloría General de Cuentas, lo cobrado, y hay denuncias penales. Por si lo dicho fuera poco, el acuerdo que contenía la tabla de montos nunca fue publicada en el diario oficial y el argumento es que era de “índole administrativo”. El general Mansilla se retira con más de 70 mil quetzales de pensión vitalicia, dejando a la tropa como siempre ha estado: olvidada.

Las finanzas del Ejército siguen siendo manejadas como “gaveta de tienda”, donde cada quien mete mano, y como los gastos militares se amparan, en buena parte, en secreto de Estado, el arca abierta es regla. Tras la decisión de regalar dinero con disfraz de bono existen muchísimas otras cosas que deben ser investigadas dentro del Ejército, porque es impensable pensar que esa “anomalía” sea la única que pueda existir. Ya salió otro escándalo con puentes y alquiler de helicópteros a precios de oro.

Si no fuera por una investigación periodística, hoy los “privilegiados” cobrarían su “bono de riesgo” y nadie hablaría de este tema. Por eso es que, ojalá, por lo menos en temas de transparencia podamos ponernos de acuerdo porque acá no hay ninguna ideología en juego. Una institución pública debe ser transparente y debe rendir cuentas. Es fundamental entender que el caso penal por tramitarse trasciende al presidente o a su ministro, y es quizás la mayor prueba para una institución que debe cambiar 180 grados.

@Alex_balsells