En declaraciones a periodistas, Álvaro Zabadúa, integrante de los proveedores explicó que los amparos buscan velar por la institucionalidad, en este caso, de la PDH; subrayó que la Corte Suprema de Justicia resolvió que la mina San Rafael puede volver a operar.
El procurador, Jordán Rodas, explicó a Guatevisión que están en su derecho –Aprodemi– de interponer amparos. Sin embargo, aclaró que le parece que están mal asesorados pues la función de la Procuraduría no es ejecutiva si no mediadora, algo en lo que han trabajado y continúan haciendo en el lugar.
La asociación denunció que recientemente un convoy que se dirigía a la mina fue atacado por el grupo que efectúa el bloqueo, “intimidaron y golpearon a los pilotos de los camiones, los bajaron de manera violenta”, puntualizó la Aprodemi.
Los proveedores señalaron que el impacto negativo en 90 días de paro laboral es de 1 mil 200 trabajadores despedidos y han pago en indemnizaciones unos Q10 millones.
El paro también afecta el pago de impuestos. El Estado ha dejado de recibir en 90 días Q57 millones 651 mil 406.71 en concepto de IVA, impuesto sobre la renta y pago del Seguro Social.
Con información de Guatevisión
