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La funcionaria también le recrimina que los señalamientos en su contra podrían obedecer a la pretensión de González, que ella rechazó, de ser jefe adjunto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Porras señala que lo dicho por González es “infundado” y revela que él, cuando renunció en agosto último, pidió seguridad, vehículos y gasolina, lo cual fue rechazado por no estar dentro del marco legal y sería un perjuicio para el erario.
“Pareciese que por no poder contar con lo solicitado -González- actúa emitiendo señalamientos que dañan a la institución de la cual formó parte”, recriminó Porras.
La fiscal general expresa, contrario a González, que el caso tenía tres años en la Feci, es decir que tuvo que ser del conocimiento de su antecesora Thelma Aldana, al tiempo que “rechaza las falsas acusaciones” del exfiscal en la denuncia, de que ella impidió, obstruyó y desvió la pesquisa.
“El Ministerio Público es una institución objetiva, imparcial y sin ningún sesgo que incida en las labores investigativas y analíticas que realizan todas las fiscalías, por lo que se hace un llamado a la población a tener plena confianza y certeza en la labor que se desarrolla. Se reafirma el compromiso con la ciudadanía para promover una persecución penal objetiva, imparcial y apegada al principio de legalidad para garantizar la certeza jurídica y el Estado de Derecho”, puntualizó la fiscal.
El caso
De acuerdo con la denuncia, el 11 de octubre de 2018, González, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci y agentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron a Porras el caso de financiamiento a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual determinó que “un grupo delictivo que tenía por objeto captar fondos para la campaña de 2015 sin que estos fueran reportados al Tribunal Supremo Electoral y de tal manera evadir los controles de ley” y que además superaban el techo de gasto de campaña.
Desde ese momento la fiscal general dudó sobre el total del dinero reportado por la UNE al TSE, algo que fue corregido días después. Pero González resalta el hecho de que Porras recibió el 19 de ese mes un informe financiero de 147 páginas para que la jefa del MP diera el visto bueno al caso y la Feci pudiera accionar ante la justicia.
Los implicados eran Sandra Torres, Gustavo Alejos, Mario Leal Castillo, Luis Fernando Pérez, Mynor Zimer Corado, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra, Víctor Duarte Mendoza, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Mario Leal Pivaral, Rodrigo leal Castillo, Susana Castellanos González, Héctor Quan Serrano, Nelson García Morales, Edín Álvarez Pérez, Antonio Juan Cristian Burkard, Enrique Sánchez Hernández, Per Michael Erchsen Rydhager, Héctor Leal Valdés; Orlando Blanco, Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Jorge Vargas Morales, Angel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo.
De acuerdo con el denunciante, hubo varios intentos sin éxito por lograr que Porras revisara ese informe financiero.
Hasta el 15 de enero de 2019, Porras reunió a él, Sandoval y agentes de la Cicig, donde expuso que “no había nada” contra Orlando Blanco y ordenó sacarlo del caso, a lo cual accedieron los fiscales.
El 22 de enero, Porras ordenó a los fiscales presentar el caso contra dirigentes de la UNE hasta el 5 de febrero, por motivos de “política criminal”, algo que había decidido con Julio Cordón, su secretario de política criminal.
Para esa fecha, en efecto, Torres ya tenía inmunidad de candidata presidencial.
González expone que Porras argumentó que la institución no presentaría casos contra candidatos a cargos públicos, lo cual subraya que era falaz porque sí se presentó una solicitud de retiro de inmunidad contra Edwin Escobar, candidato presidencial de Prosperidad Ciudadana.
El 23 de enero hubo un intento de González y Sandoval, a través de Cordón, para adelantar la fecha de presentación del caso. El secretario dijo que consultaría al respecto a Porras, pero la respuesta fue no.
“Porras y Cordón de manera coordinada obstruyeron la judicialización del caso contra Torres y así le dieron ventaja para que pudiera recibir la credencial ante el TSE para poder gozar de inmunidad y así la Feci no pudiera requerir la aprehensión”, alegó el exinvestigador del MP.
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