Desde la óptica de David Casasola, analista del Cien, la falta de aprobación de leyes claves para el desarrollo productivo puede explicar el rezago.
“Hace falta consenso y más proactividad del Ejecutivo y del Congreso para impulsar leyes”. Además, se dejó “abandonada” la agenda económica en el período de análisis, dijo.
En el referido índice también se refleja la falta de confianza en autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y los políticos, y el desvío de fondos públicos.
Se debe destacar que la medición se hace entre enero y mayo de cada año, por lo que en este índice aún no se refleja el impacto de la crisis política que surgió en agosto, con la decisión del presidente Jimmy Morales de intentar la expulsión del país del jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
La calificación de Guatemala no varió, y se quedó en 4.1 puntos de un máximo de 7. Sin embargo, se ha quedado rezagada respecto de cambios y reformas a leyes y reglamentos, mientras que otros países sí lo hicieron, indicó Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidad que divulgó el informe ayer.
El mencionado estancamiento en la generación de leyes se explica en que “hace falta más confianza en el país, tanto interna entre los sectores como externa hacia el inversionista, en cuanto a certeza jurídica”, según Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. El empresario también puso como ejemplo las que tienen que ver con la carrera judicial, contrataciones y el Código de Comercio.
Por su parte, el comisionado presidencial de competitividad, Acisclo Valladares, añadió que es necesario retomar las reformas para la Ley de Servicio Civil, además del reglamento para la normativa que ratifica el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que permite el trabajo de tiempo parcial.
En cuanto a infraestructura, Zapata urgió al Ministerio de Comunicaciones para tratar asuntos sobre infraestructura y cambiar el modelo de inversión, de modo que se permita aumentar la red vial en 45 mil kilómetros adicionales en los próximos 15 años.
“La debilidad en infraestructura es un tema que viene acarreado de otros gobiernos, pero la baja ejecución en el actual ha causado que el país esté en mayor desventaja”, insistió Zepeda.
Fundesa resaltó mantener el fortalecimiento en la impartición de justicia y que se continúe con el trabajo del Ministerio Público y de la Cicig en la lucha contra la corrupción.
Valladares vaticinó que la agenda nacional de competitividad se convertirá pronto en una política nacional.
