En los considerandos del acuerdo se establece que recibieron una cuantiosa cantidad de objeciones “invocando razones de oportunidad y conveniencia”, cita el acuerdo. Además, reconoce que también se debe al amparo provisional dictaminado por la Corte de Constitucionalidad.
El 15 de septiembre, los diputados se retractaron de la aprobación de las reformas, en medio de protestas ciudadanas que exigían la renuncia de los 107 legisladores que dieron su voto a favor de la impunidad.
Además de la suspensión, en definitiva, el Acuerdo ordena el traslado de los acuerdos al Archivo Legislativo de la Dirección Legislativa, poniendo de esa manera fin inmediato y en definitiva al proceso de formulación de la ley de ambos decretos con el fin de que no cobren efecto jurídico.
Pacto de Corruptos
El pasado 13 de septiembre los diputados celebraron la sesión solemne por el 196 aniversario de independencia, el presidente Jimmy Morales llegó al Hemiciclo del Congreso para agradecer a los legisladores la decisión de no retirarle la inmunidad, tras los señalamientos de financiamiento electoral ilícito durante la campaña del 2015.
Ese día, el Congreso continuó con la sesión ordinaria. Los rumores de una negociación para reformar el Código Penal se confirmaron, cuando aprobaron de urgencia nacional el decreto 14-2017, en el que reformaban el delito de financiamiento electoral ilícito.
La reforma eximía de responsabilidades a los secretarios generales de los partidos, representando un beneficio no solo al presidente Jimmy Morales, sino a los diputados Orlando Blanco de la UNE, Javier Hernández de FCN y Roberto Villate, quien perteneció al partido Líder y que enfrentan antejuicios por ese supuesto ilícito.
Luego se aprobó el decreto 15-2017 sobre la Conmutación de Penas, el pleno aprobó reformas a los artículos 50 y 51 del Código, que se refieren a la conmutación de las penas y a los delitos inconmutables.
La conmutación pasaría de beneficiar a personas con penas menores de 5 años, a penas menores de 10 años, dejando al menos 404 delitos que evitarían la prisión con el pago de una caución económica, es decir, el 89 por ciento de los delitos contemplados en el Código Penal.
