El presidente Morales no aprovechó la oportunidad que le daba pronunciar su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. Presidentes anteriores han aprovechado esa tribuna para comunicarle al mundo logros importantes como los Acuerdos de Esquipulas o los Acuerdos de Paz. Jimmy Morales hubiera podido revertir la posición expresada previamente  y apoyar de manera contundente a la Cicig, ampliamente admirada en el mundo. Pero el presidente no quiso —o no pudo— actuar en grande.   Insistió en la necesidad de condicionar el trabajo de la Cicig, y en su inocuo discurso ignoró la efervescencia política que Guatemala vivía.  Al hacerlo se debilitó más.

En el ámbito internacional pareciera que Jimmy Morales ignora las realidades del poder, especialmente lo que significa el categórico apoyo bipartidista de los Estados Unidos a la Cicig, junto con el del resto de la comunidad internacional. Este no es un caso de un aislado funcionario de la ONU expulsado por unas declaraciones imprudentes; es un símbolo de una apuesta de la comunidad internacional y de muchos guatemaltecos contra la corrupción. Guatemala surgió en 2015 ante el mundo como un país que era un ejemplo para muchos más. El presidente lo olvidó, pero la comunidad internacional y la mayor parte de guatemaltecos no.

En el frente interno el número de diputados que hace pocos días se expresó a favor de que le levantaran el derecho a antejuicio a Jimmy Morales es claramente superior al número que votó una semana antes. Apunta a una posible tendencia: no sería raro que en una tercera o cuarta ocasión los diputados finalmente decidan negarle este derecho y que luego se le encuentre culpable por acudir al financiamiento ilícito. Y los tres ministros que renunciaron justificaron su salida destacando la reducción de su ya estrecho margen para implementar políticas o impulsar programas. Las perspectivas del presidente son extremadamente precarias: podría ya no ser presidente en enero del 2018.

La vulnerabilidad de la mayor parte de diputados del Congreso quizás no sea tan extrema por ahora, aunque sus perspectivas tampoco son halagadoras. Aparte de las amenazas que surgen de las investigaciones actualmente en curso, y de eventuales juicios que los obliguen a renunciar, enfrentan una indignada oposición no solo en la capital, sino también en numerosas cabeceras departamentales. Irónicamente los diputados son cada vez menos anónimos: el rechazo que ahora se ha extendido con fuerza a las cabeceras departamentales ha conducido a identificarlos como indignos representantes de sus comunidades. Quizás sea el principio del fin de los caciques. Bien harían los alcaldes en tomar nota.

Este escenario de presidencia agónica y de congreso zombi no es estable. A menos que se mantenga la presión social que se manifestó el 20 de septiembre, los dos poderes buscarán debilitar a la Cicig y al Ministerio Público, lo cual favorecería la corrupción, la inestabilidad y hasta posibilidades de un golpe de Estado. También podríamos experimentar un fuerte deterioro económico y social ante el ingreso de menores recursos externos y la paralización de la inversión.

Por ello corresponde buscar otro escenario que modifique el régimen político de Guatemala para asegurar una inclusión pacífica y democrática de las fuerzas que se manifestaron en la plaza el 20 de septiembre. Todavía no está totalmente claro cómo podemos llegar a ello, aunque no faltan ideas. Es por ello que el diálogo que se ha propuesto debiera llevarse a cabo entre las fuerzas sociales y ciudadanas que favorecen este nuevo escenario. Corresponde definir posiciones y acumular fuerzas para imponerles —y no suplicarles— a los actuales representantes del poder Ejecutivo y Legislativo los cambios que se requieren.

fuentesknight@yahoo.com