Una corte federal suiza decidió la semana pasada y tras  cinco  años de espera, otorgar libertad condicional a Edwin Sperisen, condenado a cadena perpetua por el caso del asesinato de diez reos en la granja Pavón en el 2006, porque el juez no respetó su derecho a confrontarlo con testigos importantes, y fijó un nuevo juicio para el 28 de noviembre. Este fallo tiene particularidades muy importantes, independientemente del criterio de cada quien acerca de su culpabilidad o inocencia, porque le otorga una lección a quienes consideran a los sistemas legales y carcelarios europeos, en este caso el suizo y específicamente el de Ginebra, como ejemplos de verticalidad y de infalibilidad, así como de respeto a los derechos humanos de toda persona.

Debido a esta decisión, adquieren fuerza las declaraciones de Sperisen al respecto de la forma como se desarrolló el juicio, así como sus señalamientos contra el procurador Yves Bertrossa, quien se habría negado en su momento a responder si tiene relación directa o indirecta con la organización Trial, directamente involucrada e interesada en la condena. Del asunto se conoció en Guatemala hace algunas semanas con la publicación de una entrevista hecha a Robert Habel, y publicada en la revista L´Ilustré, de Lausanne, en la cual el señalamiento más duro indica una propuesta de ese funcionario al abogado para aceptar la culpabilidad y a cambio recibir una pena de solo cinco años de cárcel, reducidas a tres años y medio por beneficios legales para los condenados.

Los acontecimientos de hoy en Guatemala han sacado a flote la parcialidad y mala práctica de los jueces. Según Sperisen, Bertrossa “no apuntaba mis respuestas de manera correcta, rechazó a los testigos de la defensa”, y se encerró con el abogado acusador. El nuevo juicio será el 28 de noviembre, dentro de dos meses, y sin duda alguna despertará el interés de los medios y los ciudadanos guatemaltecos, entre otras razones porque los otros dos acusados, Javier Figueroa y Carlos Vielmann, fueron absueltos en Austria y España, respectivamente, en el 2013, y en marzo pasado. Indirectamente, otro asunto emerge: la descripción de cómo es la vida en la prisión de alta seguridad de Champ-Dollon, para hacer comparaciones con las prisiones guatemaltecas.

En sus declaraciones, Sperisen afirma haber estado aislado y poder ver sólo a su esposa e hijos, ahora de 17, 15 y 11 años. Cada día un guardia abre la puerta para verificar si no se ha suicidado y otros reos le han hecho mímicas de estrangulamiento o de ametrallamiento. Su rutina ha sido levantarse a las 5 am e irse a dormir a las 9 de la noche. Ha leído 272 libros de historia, psicología y filosofía; la Biblia, cuatro veces, y escribió un libro autobiográfico. Ahora, la decisión de la magistrada federal coloca el caso en un punto de interés generalizado a causa de la existente relación, directa o indirecta, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero además le otorga un punto a favor en su insistencia de no haber tenido un juicio legal ni correcto.

Como se ha mencionado en Guatemala en estos momentos, lo fundamental es asegurar un juicio sin inclinaciones de ningún tipo, en especial ideológico. No se debe opinar sobre la culpabilidad o inocencia, porque puede luego ser utilizado como prueba de algún intento de influir en la decisión, pero sí se puede, y se debe señalar la confianza existente en Guatemala porque los juzgadores sean distintos. De lo contrario, se convertiría en una prueba más de las debilidades del sistema judicial en Suiza y cualquiera de sus cantones, ya convertido en fuente de extrañeza —como mínimo— por dejar pasar cinco años antes de responder a una apelación, derecho tan importante como el de no ser víctima de aspiraciones personales de ascenso de un juez.