En la medida en que el Ministerio Público y la Cicig fueron avanzando y profundizando en la investigación y persecución penal de las redes criminales se fue conformando y consolidando un frente pro impunidad que en los últimos meses arreció la contraofensiva en por lo menos cuatro ámbitos: el jurídico, el político, el diplomático y el de la opinión pública.

Al grupo que estuvo conformado inicialmente por funcionarios y políticos con señalamientos por corrupción —comandados por la banda del PP— se fueron sumando abogados, jueces y magistrados vinculados con las redes de corrupción en el sistema de justicia; diputados y exdiputados, exmilitares con altos cargos en la institucionalidad pública —casi todos relacionados con los aparatos de inteligencia durante la represión—; financistas de los partidos políticos y empresarios —incluidos evasores de impuestos y algunos ejecutivos de la banca y de los medios de comunicación— y hasta exembajadores.

Con el paso de los meses, este frente variopinto de enorme poder real e incidencia generó un plan que fue tomando forma y ganando adeptos y recursos. El apoyo del monopolio de la televisión abierta le dio una dimensión nacional a la campaña de desinformación y el apoyo logístico y financiero de al menos tres grandes fortunas les facilitó enormemente las cosas. Conformar y mantener un ejército de netcenteros, realizar el salvataje de un medio de comunicación en pleno naufragio, contratar los servicios de una firma lobista estadounidense y financiar el presupuesto de una organización dedicada a tiempo completo a boicotear cualquier intento por reformar el sistema son inversiones que requirieron varios millones de quetzales.

El último fichaje clave fue el del presidente Jimmy Morales, que puso al servicio del equipo proimpunidad la maquinaria de su gobierno, pretendiendo salvar su pellejo, el de su hijo, el de su hermano y el de sus mentores políticos. La inclusión de Morales les permitió entrar a las grandes ligas y batear directamente en la cancha de las Naciones Unidas, aunque con resultados desastrosos.

La torpeza del presidente, la denuncia de su sobresueldo mensual por parte del Ejército, la soberbia y prepotencia de sus asesores, lo impresentable de sus aliados políticos y la voracidad de los diputados que aprobaron de urgencia nacional una autoamnistía hizo que volviera a desbordarse la indignación ciudadana. Y fue precisamente la gente en la calle la que nuevamente hizo la diferencia.

El paro convocado para mañana, 20 de septiembre, por las y los estudiantes sancarlistas —que tienen enorme legitimidad luego de la recuperación de la AEU— y que está siendo acuerpado por amplios sectores sociales es una nueva oportunidad para continuar lo que quedó pendiente después de las movilizaciones de 2015.

Ya no se trata solamente de dar marcha atrás, ni de borrón y cuenta nueva. El gran reto es evitar que —como ocurrió en 1993 y hace dos años, con la elección de Morales y del Congreso— las élites controlen el proceso y hagan parecer que todo cambia para que en realidad no cambie nada.

No nos puede ganar el miedo ni la confusión, tampoco las calumnias y la desinformación. Ante los infiltrados, los provocadores, el discurso del odio y la confrontación, ante la violencia y los intentos de represión, la respuesta debiera ser siempre la movilización ciudadana. Que les quede claro a los señores de la impunidad: nada puede detener a un pueblo cuando se decide a participar.

@MarielosMonzon