En rechazo a esta normativa, pobladores de diversos sectores bloquearon las carreteras e hicieron varias manifestaciones para exigir su derogación.
Incremento presupuestario
En el artículo 46 de esa ley los diputados incluyeron una ampliación presupuestaria de Q550 millones destinada al Ministerio de Comunicaciones para un proyecto de rehabilitación de la ruta CA-2 oriente.
Sin embargo, el 29 de agosto la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente el artículo, en esa oportunidad el ministro de Finanzas, Dorval Carías, indicó que no se habían erogado los recursos.
Satisfechos con la publicación
Rony Palacios, de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (RedSag), afirmó que “esperaban la publicación y se congratulan porque ya fue sancionada por el Ejecutivo”.
Palacios resaltó que aún les preocupa la vigencia del artículo 98 de la Ley de Propiedad Industrial que aún da la pauta a “patentar materiales totalmente nuevos” e indicó que esperan la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) por una inconstitucionalidad planteada hace unos días por el Movimiento Sindical Indígena y Campesino de Guatemala (MSICG), antes de analizar acciones propias.
Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales Ixim, se mostró satisfecho porque “el Congreso escuchó el clamor popular” y dijo que estarán vigilantes ante proyectos que busquen normar situaciones parecidas.
Mientras que Marco Vinicio Cerezo, presidente de Asociación Nacional de las Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema) dijo que este es un triunfo para el pueblo y académicos que se unieron por una buena causa.
Cerezo resaltó que “esta vez los diputados aceptaron que cometieron un error y tuvieron la suficiente madurez para enmendar el error ante la presión de muchos sectores que rechazaban la legislación”.
*Con información de Carlos Álvarez
