El intento de los diputados por legislar a favor de las mafias no solo fue una actitud rufianesca, propia de auténticas “clicas” de la política, sino además fue torpe, al pretender modificar el Código Penal para beneficiar a políticos descarados y de paso a miles de delincuentes que de manera acelerada recobrarían su libertad, entre ellos quienes han parasitado con los recursos del Estado y quienes tienen aterrorizados a los guatemaltecos.

La torpe acción legislativa, en la que participaron todos los partidos políticos atrincherados en el Congreso, era una afrenta al ordenamiento constitucional y un burdo pacto de mafias, con algunas honrosas excepciones. Una reacción valiente de la población echó por tierra el mayor intento por extender la impunidad, aun violentando la Constitución.

Es claro que la indignación ciudadana y las opiniones de expertos sobre la monstruosidad jurídica que se pretendía implementar asustó a muchos diputados, empezando por el presidente del Legislativo, quien horas después trataba de justificar su ingenuidad o su carácter pusilánime al no haber hecho lo suficiente para detener el abuso en el que estaban incurriendo 107 impresentables.

Con el correr del día, muchos otros diputados se apresuraban a enviar mensajes de disculpa y promesas de enmienda, en un afán por minimizar el daño a la institucionalidad, como han sido las descaradas declaraciones del diputado Orlando Blanco, de la UNE, principal responsable de incluir la ponencia en la agenda del día y el más interesado en la aprobación, por ser uno de los principales beneficiados al eliminar la persecución criminal.

En la misma categoría de irresponsabilidad cae Sandra Torres, tambaleante lideresa de la UNE, quien con una mayor muestra de descaro pretende ahora hacerle creer a la población que no estaba al tanto de lo que sus diputados hacían en el Congreso, cuando apenas el pasado lunes, de manera desvergonzada, dejaba en libertad a los diputados de su agrupación para respaldar el pacto de impunidad a favor del presidente Jimmy Morales.

Este último volvió ayer a incurrir en un resbalón, al afirmar que analizaría el decreto aprobado por el Congreso para evaluar su derecho de veto, como si tuviera la solvencia moral para encarar semejante tarea, cuando gente cercana a su entorno está detrás de ese engendro legal que tiene, entre otros objetivos, el debilitamiento del Ministerio Público, porque su principal interés es que él, sus parientes y gente cercana a su entorno evadan la cita con la justicia.

El presidente ha sido la figura más anodina en esta lucha que Guatemala libra contra la corrupción, y más bien sus acciones han estado dirigidas a debilitar esos esfuerzos, porque él también ha pasado a ser parte de un grupo perverso de funcionarios capaces de incurrir en inmoralidades, como la de recibir un generoso sobresueldo de la cúpula militar.

Los políticos guatemaltecos han dado una vez más muestras de carecer de compromiso para respetar los preceptos constitucionales y los acuerdos con la comunidad internacional para contrarrestar los nefastos efectos de la corrupción, al extremo de legislar grotescamente en beneficio de quienes han visto en la política un modelo de enriquecimiento desvergonzado.