Un grupo de rufianes disfrazados de diputados hizo que Guatemala diera ayer otro paso hacia atrás en la lucha contra la corrupción y volviera a quedar en un momento de nuestra historia cuando una de las más oprobiosas mancuernas de la politiquería reinaba, sin más limitación que la de sus ambiciones, cuando además se llegó a observar una conducta vergonzosa en la administración pública.

Aquella perversa alianza entre políticos lideristas y patrioteristas ha reencarnado ahora en los partidos FCN-Nación, Unidad Nacional de la Esperanza y otros grupúsculos que con su voto han incurrido en una de las mayores aberraciones de la legislación guatemalteca, al pretender liberar a los secretarios generales de los partidos políticos de cualquier responsabilidad en el manejo de los recursos financieros de las campañas políticas.

Con el vergonzoso voto favorable de 107 legisladores, ayer el Congreso modificó el Código Penal, que sancionaba a cualquier persona que recibiera, aportara o tramitara recursos para las campañas proselitistas, en un claro contubernio para beneficiar a Jimmy Morales, Orlando Blanco Lapola y Roberto Villate, sobre quienes hace pocos días el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron una solicitud de antejuicio, a fin de someterlos a la justicia por supuestos actos ilícitos cuando fungieron como secretarios generales de sus agrupaciones.

Esa es una acción desvergonzada, claramente condenada al fracaso o a un triunfo espurio por el claro conflicto de intereses y por el abuso de legislar en beneficio propio. Con esta nueva y trágica bufonada del Congreso se terminan de caer las máscaras de quienes buscaron burlar a la población, como Blanco Lapola, de la UNE, quien hasta el último momento ofreció votar en contra de la protección al mandatario y ahora fue uno de los primeros en respaldar el manotazo de ese organismo en favor de la corrupción.

Con esta deplorable medida, Guatemala retrocede en la lucha contra la corrupción, con el inmediato objetivo de beneficiar al mandatario, secretario de FCN-Nación cuando se habrían cometido las irregularidades, pero también a Blanco Lapola, quien ocupaba ese cargo en la UNE al momento en que también se dieron irregularidades financieras en esa agrupación, y a Roberto Villate, del desaparecido Líder.

Los diputados aprovecharon el envalentonamiento del presidente, quien minutos antes les había agradecido el apoyo ante un nuevo escándalo sobre su mandato, al conocerse de un inmoral sobresueldo que le paga el Ejército, con lo que hasta ahora acumula 450 mil quetzales, los cuales la Contraloría General de Cuentas le ordenó reintegrar en un plazo de dos semanas.

Los diputados acordaron otro cambio en el Código Penal, mediante el cual los delitos hasta por diez años de cárcel pueden ser conmutados, una medida claramente dedicada a beneficiar al hermano y al hijo del presidente en caso reciban las máximas condenas por el delito de fraude, con lo cual se cierra una de las jornadas más oprobiosas de un Congreso que ha definido cuáles son sus prioridades para aprobarlas de urgencia nacional. Pero además coloca en mal predicado a quienes emplean frases bíblicas como parte de la verborrea politiquera.