Luna explicó que aunque la resolución de amparo definitivo de la CSJ regula que hay varias situaciones que debe realizar la minera en el plazo de un año, le otorga el reinicio de actividades.
“Uno de los principales efectos de protección del derecho constitucional es devolver de inmediato, reparar el daño y devolver las cosas a su lugar, por ello es que pueden comenzar a trabajar”, dijo el abogado.
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Hasta ayer, la compañía no había reiniciado operaciones. “Hemos recibido autorización para reiniciar operaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en esto.
Sin embargo, somos conscientes de que existen preocupaciones en algunas comunidades y queremos continuar dialogando con ellas para responder a sus inquietudes y poder reasumir operaciones y continuar trabajando juntos”, refirió Andrés Dávila, gerente de Comunicación de Minera San Rafael.
Al respecto, Luna comentó que si la mina no ha reiniciado operaciones se deberá a otras razones ajenas a la resolución definitiva de la CSJ, entre lo que citó bloqueos o incluso dijo que ponerla a funcionar de nuevo podría requerir de tiempo.
La resolución de la CSJ refirió que Minera San Rafael deberá efectuar una consulta a los pueblos xincas en el lapso de un año.
El lunes pasado, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), interpuso una apelación al fallo definitivo de la CSJ; sin embargo, el abogado refirió que este no tiene efectos suspensivos.
“Mientras se tramita la apelación y resuelve la misma, la mina puede continuar trabajando”, afirmó.
En julio pasado, la CSJ otorgó un amparo provisional a Calas, con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera, la cual estuvo suspendida más de 60 días.
Antecedentes
En julio pasado, la CSJ otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera.
Según la resolución se debió a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorizó las operaciones y negó la existencia de pobladores xincas por no haber consultado sobre los trabajos que harían en el área de influencia.
Las licencias suspendidas fueron El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, habían quedado suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debía detener sus operaciones.
Las plantas extractoras cuyas licencias habían quedado sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
