Una responsabilidad todavía mayor que la usual recae ahora en los ministros de Finanzas y de Comunicaciones (CIV) con el presupuesto 2018. El apoyo dado por 104 diputados al presidente Morales para que conserve su inmunidad no saldrá gratis. Es más que obvio que el costo del pacto de impunidad en que se han coludido el Ejecutivo, los legisladores corruptos y financistas que no dan la cara se pagará, al menos en parte, con obra pública. No en balde, y contra todo sentido común, y en ausencia de evidencia de mejoría en la capacidad de ejecución del CIV, se programó para 2018 un incremento sustantivo de recursos: 3,100 millones de quetzales más sobre el monto actual de 4.2 millardos. ¡Un 75% de incremento en un año, para un ministerio que ha sido consistentemente señalado por corrupción, y que tiene la segunda peor ejecución presupuestaria de todo el Organismo Ejecutivo en el gobierno actual y de los últimos siete años! Ambos factores explican por qué la red vial del país es un absoluto desastre. No caiga en la trampa de pensar que es porque no ha habido recursos.

No obstante, y contra toda lógica, la solución al problema es simplemente poner más dinero en esa alforja rota, como vemos que han hecho en el presupuesto 2018. Nunca se ha planteado proponer —no digamos, ejecutar— medidas correctivas para que dicho dinero no termine presa de la corrupción y la ineficiencia o bien, como pasará ahora, para resarcir el apoyo político al presidente. Eso, a sabiendas de que en esas alianzas perversas entre sector público y empresas privadas; entre empresarios y autoridades y funcionarios ministeriales del CIV, y con otros actores de la política, es que se ha gestado la corrupción. El caso “Corrupción y construcción” presentado recientemente por el MP y la Cicig lo ha demostrado ampliamente y cómo construcción, corrupción y financiamiento electoral ilícito es todo parte del mismo entramado. Confirmado, además, con las declaraciones de empresarios que han prestado declaración sobre los mecanismos que operan para armar esas transas.

Señores ministros de Finanzas y de CIV, indiquen ¿qué medidas han tomado para que esto no vuelva a ocurrir? ¿De qué capacidades nuevas se ha dotado a los ministerios para establecer mejores controles cruzados ex ante, durante y ex post? ¿Cómo se fortaleció el papel de Segeplán en el monitoreo de la obra pública? ¿Se aplicará de nuevo el mecanismo que ya se había instalado que impedía al Minfin pagar, a menos que hubiera evidencia en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del avance físico y real de la obra? ¿Hay algún mecanismo establecido para que los empresarios honestos puedan denunciar anónimamente si son conminados a pagar mordida? ¿Han trabajado en parámetros para determinar y detectar sobrecostos? ¿Cómo se ha fortalecido un sistema independiente de verificación de la calidad de la infraestructura vial que se está construyendo? ¿Han sometido el precalificado del CIV a una auditoría y eliminado empresas con vínculos políticos?

Habría muchas más preguntas que hacerles a los ministros para establecer qué salvaguardas se están tomando para proteger nuestro dinero —impuestos— de los corruptos. Pero no se harán, seguro que no. El pacto de impunidad no lo permite; los diputados se cobrarán con creces su apoyo a Morales. Nos tocará como sociedad civil estar vigilantes de la obra pública; de qué empresas son adjudicadas y sus vínculos directos e indirectos con los diputados copartícipes de este pacto de impunidad que se fraguó ayer entre el Ejecutivo y el Congreso y que se comenzará a pagar, en muy poco tiempo, con nuestros impuestos.