La corrupción no solo es el robo de recursos o la utilización abusiva del poder público para fines privados, es también el sacrificio de la libertad y el bienestar de todas las personas en cualquier sociedad. La corrupción desvanece la relación de confianza entre “nosotros” y las “instituciones” sociales descalabrando así los pilares de la democracia: cohesión social e identidad colectiva, igualdad, certidumbre económica y social y legitimidad del sistema político.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelan el alto grado de prostitución de algunos dignatarios de la nación, funcionarios y empleados públicos, alcaldes, operadores de justicia, líderes de movimientos y partidos políticos y empresarios, en casos que van desde defraudación aduanera y tributaria, hasta la captura de instituciones, pasando por corrupción judicial y municipal, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En 2015, un estudio del Icefi y Oxfam evidenciaba que la corrupción en el presupuesto de ese año pudo haber sumado cerca de Q4.2 millardos de quetzales, lo que significaba cuatro veces el presupuesto del MP, casi el cien por ciento del presupuesto del ministerio de Gobernación y cerca del 75% del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En aquel entonces, los rubros más proclives a ser objeto de corrupción eran el listado geográfico de obras, las adquisiciones de medicamentos y los fideicomisos. Los casos de corrupción que conocemos en la actualidad, reiteran que estos rubros continúan siendo los espacios por donde los corruptos hacen sus principales fechorías.

Las manifestaciones de 2015 representaron una ruptura de la tolerancia social a la corrupción e impunidad. Muchas personas en las calles dijeron basta a la cultura que argumenta la corrupción como algo “normal”, pues “muchos también lo hacen” o como algo que “aceita la economía”. Hoy, nos encontramos nuevamente en una crisis de Estado, con un presidente sobre el que pesan indicios de haber cometido delitos penales. El diseño del Estado actual reproduce las condiciones para la existencia de corrupción y corruptos, por lo que ha llegado el tiempo para que la sociedad de un paso más y profundice la lucha contra la corrupción.

Una agenda de cambios estructurales debe incluir tres elementos. Primero, el fortalecimiento del MP y del Organismo Judicial. Estas entidades están colapsadas ante la mayor demanda de investigación y justicia, por lo que se requiere de un aumento del presupuesto de entre Q2 y Q4 millardos anules para extender su cobertura y mejorar su eficiencia. Segundo, la puesta en marcha de una política nacional de transparencia y gobierno abierto que prevenga la corrupción por medio de formas modernas de ejecución de los ingresos y gastos públicos, de autonomía política y meritocracia al Servicio Civil, fortalezca la Contraloría de Cuentas en sus acciones ex ante, institucionalice la participación ciudadana en la discusión sobre el quehacer público, y contenga controles de probidad hacia los funcionarios y actores privados que tienen relación con el aparato público. Tercero, la urgente reforma a la Ley electoral y de partidos políticos que limite el financiamiento privado de partidos, transparente a sus financistas y de fuerza a los tribunales electorales. El mandato de la Cicig tiene dos años por delante. Bien haríamos en aprovecharlo para construir una agenda de cambios estructurales. ¡Debemos comenzar ya!

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