Desde que llegó a la Casa Blanca, en enero de 2017, y cumpliendo con sus promesas de una política dura hacia la inmigración ilegal, Trump ha decretado medidas que han incluido la detención de cientos de miles de indocumentados, la separación de familias, deportaciones y restricciones en la consideración de las solicitudes de asilo por parte de personas que huyen de sus países por diferentes motivos.
Varias de esas medidas han sido cuestionadas por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes ante los tribunales federales, que han ordenado la suspensión de su aplicación.
“Un decreto judicial tras otro ha ordenado al Gobierno que cumpla con las políticas discrecionales de los Gobiernos anteriores”, señaló la Casa Blanca.
Como ejemplo, el Ejecutivo mencionó la decisión, la semana pasada, de un tribunal en California que “amenaza con impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) emplee órdenes de detención para arrestar y deportar a ciertos criminales extranjeros bajo custodia de las autoridades estatales y locales” cuando son puestos en libertad tras cumplir sus sentencias.
“Esas órdenes han sido el eje de la aplicación de las leyes de inmigración en EE. UU. y a ellas se debe la mayoría de todas las deportaciones de criminales”, agregó.
Según el Gobierno, “los dictámenes (de tribunales) han impedido continuamente que la Administración aplique políticas que cumplen con el significado pleno y la intención clara de la ley tal como la aprobó el Congreso.
A la Administración Trump se le ha impedido que aplique lo que la ley dice acerca de las deportaciones expeditas, y la autoridad del Poder Ejecutivo “para proteger nuestra seguridad nacional restringiendo el ingreso de ciertos extranjeros”.
La declaración recordó que luego el Tribunal Supremo invalidó esta decisión.
Asimismo, los esfuerzos del Gobierno de Trump para “terminar gradualemnte” la política decretada por su antecesor en el cargo, Barack Obama, que dejó en suspenso la deportación de extranjeros que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños, “se vieron impedidos en todo el país por decisión de los tribunales”.
El Gobierno se refería al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un beneficio que ha protegido a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación desde 2012, cuando la Administración Obama lo creó, y que Trump está dispuesto a eliminar.
Este caso ha llegado al Tribunal Supremo, que se espera que escuche los argumentos del Gobierno y de los defensores de este programa el próximo 12 de noviembre, aunque no se espera que emita su fallo hasta el próximo año.
Según la Casa Blanca, las decisiones de los tribunales que se dictan con alcance nacional “permiten que cualquiera de los más de 600 jueces de distrito federal en el país de hecho dicten o veten la política nacional”.
“Estas órdenes de suspensión con alcance nacional son una invención moderna que no tiene sustento en la Constitución”, afirmó la declaración.
En la última semana, la jueza federal Dolly Gee, en California, dictaminó que el Gobierno no puede mantener detenidos a menores de edad por tiempo indefinido. Se espera que el Ejecutivo apele la decisión.
Un tribunal federal en Washington DC declaró ilegal el plan del Gobierno para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados que no puedan probar que han estado en el país por dos años, sin interrupciones.
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