El presidente Jimmy Morales, en su afán por librarse de la justicia, ha concertado una alianza con los sectores más retrógrados del país, y su bancada ahora se enfoca en la compra de diputados para evitar que le retiren el antejuicio. Este hecho significa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque quien debería ser el adalid de la unidad nacional va en vía contraria y se ha convertido en cabecilla de los sectores más oscuros. Tampoco se observa que el mandatario haya recapacitado sobre las graves consecuencias que tuvo su fallida decisión de echar del país a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, porque su vocero dice que Morales lo sigue considerando persona no grata. El berrinche de Morales ha causado preocupación en la comunidad internacional, que estima como pernicioso que sea el propio presidente quien abandere las fuerzas del statu quo.

Después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara la suspensión definitiva de la declaración de no grato a Velásquez y su salida inmediata del país, el presidente comenzó una serie de reuniones para hacerse de apoyos porque en su obsesión ve a la Cicig como el enemigo a vencer. Se sintió a gusto en medio de la reunión de la Asamblea Nacional de Municipalidades, dirigida por el edil Edwin Escobar, tránsfuga de Creo, PP y Líder. Morales fue aclamado por alcaldes que tienen reparos en la Contraloría y procesos de antejuicio. A la cruzada del presidente también se sumaron el dirigente magisterial Joviel Acevedo y Nery Barrios. Este último tuvo una condena por fraude. El primero busca saquear más recursos del Ministerio de Educación y el segundo quiere acaparar la elaboración de listados de programas sociales. Son la carroña del movimiento popular. A ellos se agrega la Fundación contra el Terrorismo, que ha organizado movilizaciones contra la Cicig ycuyo objetivo es evitar juicios contra militares señalados de violación de los derechos humanos.

A esa sacrosanta alianza se suma ahora la bancada del Frente de Convergencia Nacional, dirigida por el diputado Javier Hernández, que está en plena campaña de compra de votos de legisladores para evitar el antejuicio contra el presidente. Al bloque oficial le cayó de perlas la reciente entrega del proyecto de presupuesto del 2018, que sube a Q87 mil 900 millones, el cual podría ser utilizado como piñata para ofrecer obras a diputados a cambio del apoyo al presidente. Además del uso de los recursos del Estado para comprar voluntades, el presidente no tendrá mayores problemas para gozar de impunidad porque un alto porcentaje de diputados tiene procesos de antejuicio y cuentas pendientes con la ley. “Hoy por ti, mañana por mí”, reza el viejo adagio, o lo que es lo mismo, “los corruptos se tapan con la misma chamarra”. Esta entente también atenta contra la libertad de expresión porque diputados dueños de empresas de cable bloquean la señal de noticieros críticos en varios departamentos. Uno de esos diputados es Adim Maldonado, del FCN, cuya familia es propietaria de la tercera cadena de cable más importante del país.

Este es el frente pro impunidad que lidera el presidente Jimmy Morales. Este será su legado y por lo cual las futuras generaciones sabrán que traicionó la voluntad popular que buscaba un presidente que combatiera las redes criminales que saquean los recursos públicos y no que se aliara a ellas. El presidente parece no comprender que en su afán de evitar que sea investigado por financiamiento electoral ilícito ha generado una mayor división en el país. Y para ello, él y sus huestes no han dudado en recurrir al uso clientelar del presupuesto nacional para dar obras a cambio de votos de diputados. Eso, señor Jimmy Morales, significa que ha entrado en negocios con la cleptocracia.

@hshetemul