El 7 de mayo de 2011, más de 11 millones de electores participaron en el referéndum y la consulta popular en Ecuador. Uno de sus objetivos era promover la reforma al sistema judicial de aquel país. El 53.8% de la ciudadanía apoyó la reforma propuesta entonces por el Ejecutivo, respondiendo a la intención de lo que muchos llamaron “una nueva justicia”, que buscaba promover un cambio estructural de la Función Judicial que permitiera acabar con la impunidad y consolidar un sistema de justicia social, democrático, imparcial y solidario. Eso significaba contar con una administración más eficiente del sistema de justicia, reformar el Código Penal y modificar la composición del Consejo de la Judicatura.

Todo esto formó parte de una intención del entonces presidente, Rafael Correa, de llevar a cabo una reforma profunda del Estado ecuatoriano, a la que llamó Revolución Ciudadana. No será este el espacio donde yo evalúe la gestión de un gobierno. Pero hago mención de ello porque en el 2012 fui convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a ser parte de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia en Ecuador. De manera temporal y durante dos años, Baltasar Garzón y yo presidimos este grupo de carácter consultivo, autónomo, imparcial e independiente, compuesto por varios observadores internacionales, que tuvo como fin acompañar, monitorear, analizar y evaluar los avances del proceso o los aspectos a mejorar. La democracia ecuatoriana de aquel momento pedía que todos los procesos de reforma fueran acompañados por veedurías ciudadanas. Fue un proceso inédito en América Latina y así conocí y quise yo a un Ecuador que hoy está viviendo una profunda y lamentable crisis social, económica y política gracias al “paquetazo” impuesto por el presidente Lenín Moreno.

Pero Moreno no está solo. Una vez más, en América Latina (cabe recordar el caso de Argentina), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha metido las manos. Moreno, que ha visto surgir el fantasma de la cárcel en su vida por negocios y propiedades adquiridas con fondos de dudosa procedencia en el Viejo Continente, hizo en lo político y lo económico lo que le han venido “sugiriendo” que haga: revirtió lo hecho por el gobierno de Correa, permitió el ingreso de fuerzas militares extranjeras en su territorio, cerró la Asamblea Nacional Legislativa, cambió el lugar de la sede de su gobierno, y la estocada vino cuando firmó un acuerdo con el FMI, que incluía las conocidas y padecidas medidas de ajuste estructural. Las protestas sociales no se hicieron esperar, porque la ciudadanía ecuatoriana tiene bien ejercitado el músculo de la participación social en un marco de democracia.

¿Era necesario el préstamo de US$10 mil millones que el FMI le ha otorgado a Ecuador? Que lo digan los economistas, pero para una ciudadana de a pie como yo, a la que explican que países como Brasil y Chile no le han lanzado el salvavidas al FMI, a pesar de tener deudas externas mucho mayores que la de Ecuador (que no llegaba ni al 50 por ciento del PIB), la lógica le dice que no era necesaria. ¿Era importante eliminar ahora el subsidio que por 40 años tuvieron los combustibles hasta incrementar el diésel a un 123%? Moreno dice que esto se usará para salud, vivienda y seguridad social, algo que la corrupción, los gastos gubernamentales y la impunidad ponen siempre en el cajón de la duda. Siempre será necesario corregir la brecha fiscal, pero más importante es que si sube el combustible subirá la producción, la canasta básica, los servicios y la vida de la gente se encarecerá. ¿Se hizo un análisis de las medidas de ajuste, una por una, o el paquetazo se hizo sin esas consideraciones?

Hoy, hay 350 detenidos y las organizaciones indígenas marchan hacia Quito, donde los tanques militares esperan pacientes. Unos piden la salida de Moreno y otros el adelanto de elecciones. Hay muchos “expertos” analizando. Y como siempre, mucha gente descontenta y divorciada de una clase política que la va olvidando.