El paso por El Rancho y un libramiento de 17 kilómetros y medio para evitar la circulación por la cabecera municipal de Teculután y la aldea Santa Cruz son los principales desafíos de la ampliación que tendrá una longitud de 82 kilómetros y que también sería financiada en parte por Taiwán.
Los estudios de factibilidad ya fueron concluidos y de acuerdo con autoridades, lo más destacado es que para solucionar el problema de El Rancho es factible construir un paso elevado con un distribuidor vial y así evitar el reclamo de derechos de vía y las ineludibles negociaciones.
En este sector, desde hace años, vendedores se han instalado a la orilla de la carretera en donde converge la ruta hacia las Verapaces y prácticamente se han apropiado de áreas que pertenecen al Estado, que según el Reglamento sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos, vigente desde 1942, es de 12.5 metros por cada lado de la cinta asfáltica.
Al parecer, los vendedores se niegan a desalojar el área porque tendrían pérdidas económicas, pero el proyecto, sea como sea, ya está en marcha; de hecho, para la elaboración del estudio de factibilidad de la ampliación de la ruta hasta Mayuelas, que estuvo a cargo de la empresa PHI Consulting Group, se gastaron Q7 millones 470 mil.
El Rancho, de acuerdo con la comuna de San Agustín Acasaguastlán, se ha convertido en un foco no solo de tráfico, sino también de contaminación, por la cantidad de desechos que producen los comercios informales.
“Hay un montón de comedores —y otros negocios— que nunca nadie se ocupó de quitar. Todo mundo decía ‘que bonito me bajo aquí a comer acá’, pero ahora pasar por ahí es un dolor de cabeza”, indicó el viceministro de Comunicaciones José Fernando Morales.
Manuel Hicho, alcalde electo de San Agustín Acasaguastlán, confirmó que, para transitar esa parte de El Rancho, conocida como Las Champas (un espacio de 800 metros a 1 kilómetro), se necesita a veces hasta una hora. Añadió que la ampliación serán un beneficio para el país por lo cual “cada quien tiene que buscar la forma de cómo sobrevivir”.
Subrayó que el proyecto de ampliación es positivo porque habrá mejor circulación ya que ahora, incluso, ha habido muertos por percances que han ocurrido debido a que mucha gente que camina por la carretera, vendedores y clientes, han sido arrollados.
Según el alcalde electo, “todo lo que sea mejoramiento para el país todo tendríamos que estar de acuerdo y no meternos a criticar lo que no debemos”. Agregó que él no tiene la facultad de negociar con los vendedores puesto que es una obligación de la Dirección General de Caminos.
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Entregaron memorial
Arturo (no dio su apellido) es un comerciante que tiene su puesto de venta en el área en conflicto; sin embargo, al ser consultado por Prensa Libre indicó que preferiría dar la información en persona.
De lo poco que reveló vía telefónica fue que ya entregaron un memorial a las autoridades del CIV, aunque no quiso precisar el contenido de este; no obstante, indicó que hasta el momento “no hay ningún proyecto para esta área”.
Añadió que en una reunión de los vendedores con autoridades de Comunicaciones, Caminos, un diputado, el alcalde y un representante de la empresa ejecutora, se afirmó que de ser factible algún proyecto sería hasta dentro de unos tres años, por lo cual los vendedores podrían trabajar “tranquilamente”.
Otro libramiento
Otro reto importante que supondrá esta ampliación de la ruta al Atlántico es el paso por Teculután y aldea Santa Cruz, del mismo municipio, puesto que, según los estudios, es necesario construir un libramiento de 17 kilómetros y medio ya que son dos puntos donde también han proliferado los negocios.
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El proyecto implica obligadamente la negociación para la obtención de derechos de vía, algo en lo que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) ya tiene suficiente experiencia, puesto que tardó años para negociar terrenos para el libramiento de Chimaltenango, que curiosamente tiene una extensión similar.
Morales informó que la gestión de los recursos con Taiwán ya está avanzada.
En total se estima que la ampliación de la ruta a cuatro carriles hasta Puerto Barrios, Izabal, tendrá un costo de US$600 millones —unos Q4 mil 650 millones— lo que lo convertiría uno de los proyectos más costosos en la historia de Guatemala.
Acerca de cuándo podría comenzar la ampliación, Morales reconoce que será una “gestión larga”. Lo primero es que la Cancillería guatemalteca concluya el trámite. Luego, el Ejecutivo tendría que avalar el endeudamiento que finalmente debe ser aprobado por el Congreso algo que, considera, no ocurrirá en la actual legislatura.
Esos trámites, afirma el funcionario, podrían tardar por lo menos un año.
Y si el comienzo de los trabajos se vislumbra complicada, la finalización de estos podría ser más tardada. En ese sentido, Morales recordó que fueron necesarios 11 años para concluir los 84 kilómetros hasta El Rancho y que las negociaciones con Taiwán se comenzaron desde el 2001.
Además, a veces las gestiones se complican. Por ejemplo, este año se licitó dos veces la elaboración de los estudios de factibilidad para la ampliación de la ruta desde Mayuelas hasta Puerto Barrios —128 kilómetros—, pero en ambas ocasiones los concursos se anularon porque las empresas no cumplieron con los requisitos.
Luego de que se anulara el segundo concurso, una de las empresas que se había postulado interpuso un recurso revocatorio por su inconformidad con la anulación, el mismo se encuentra actualmente en la Procuraduría General de la Nación, y el CIV no puede volver a licitar los estudios hasta que dicha acción no se resuelva, lo cual; según Morales, podría tomar mucho tiempo.
“Mucho tiene que ver con la actitud de la gente. Son pocas las instituciones que atienden rápido. Cuando usted pone burocracia para poner controles, generalmente se complican las cosas”, afirma Morales al tratar de explicar por qué cuesta tanto arrancar con un proyecto.
En la CA9 Norte, de El Rancho a Puerto Barrios hay 210 kilómetros. De los cuales del tramo de El Rancho a Mayuelas son 82 km.
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