El Acuerdo 12-2019 del Congreso creó una comisión específica, integrada por cinco diputados, para investigar el trabajo que hizo la Cicig en Guatemala. Esto ha creado gran alboroto y acciones legales, donde lo que menos priva es la sensatez. Cabe recordar que fue el propio Congreso de la República, mediante el Decreto 35-2007, el que aprobó el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de la Cicig. Si el Congreso tuvo facultades para aprobar el acuerdo ¿por qué no ha de tener las facultades para crear una comisión que investigue “como nos fue” con dicho acuerdo? No encuentro cuál es el problema. He leído con detenimiento el Acuerdo 12-2019 y recomiendo que quienes emitan opinión sobre él, lo lean, preferiblemente antes de opinar. El acuerdo básicamente faculta a la comisión para investigar —informarse— sobre las actuaciones de la Cicig e invitar a personas a dar testimonio.

Las reacciones virulentas y esa mágica bala de plata, las solicitudes de amparo ante la CC no se hicieron esperar. El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, declaró que la Comisión creada por el Congreso “trastoca a todo el sistema de justicia y la separación de poderes” y agregó que existe un “evidente” conflicto de interés por parte de quienes la impulsaron, ya que algunos diputados tienen procesos judiciales en su contra. La primera parte de su argumento no tiene validez alguna, la segunda sí. No encuentro nada en el Acuerdo 12-2019 que trastoque “todo el sistema de justicia y la separación de poderes”. Por otra parte, tiene sentido que ningún diputado que tenga abierto proceso legal en su contra podría formar parte de la comisión. Aparte de eso, la descalificación personal de sus integrantes o la opinión que se tenga del Congreso como cuerpo colegiado, no vienen al caso, por más que pueda causar molestias.

El Ministerio Público presentó un amparo ante la CC en contra de la comisión del Congreso para investigar las acciones de la Cicig. Julia Barrera, vocera del MP, declaró que “a criterio del MP la creación de esta comisión viola la autonomía e independencia del MP como titular exclusivo de la acción penal pública” y además “viola los principios de independencia judicial, seguridad y certeza jurídica”.

Al leer el Acuerdo 12-2019 no encuentro nada que diga que la Comisión del Congreso pretenda alguna persecución penal. Al contrario, dice que si tuviera conocimiento de algún delito procedería a hacer las denuncias al MP. A mi manera de verlo, y subrayo enfáticamente que esto no significa que aplauda al Congreso, al interponer la solicitud de amparo ante la CC, más bien es el MP el que viola el principio de independencia de poderes. La oenegé Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo, clientes frecuentes de la bala de plata, también presentaron solicitudes de amparo. Inexplicablemente faltó el PDH; quizás estaba en Xela. La CC otorgó los tres amparos y suspendió la comisión; una clarísima violación de la independencia de poderes y abuso de sus facultades. ¿El Congreso no puede crear una comisión para informarse de los resultados de un Decreto que él mismo aprobó? La CC ha sumado un nuevo tanto a la lista de sus fallos que han causado tanto daño al país.

La Cicig tuvo aciertos trascendentes y también cometió injusticias. La comisión creada por el Congreso no debiera usarse como plataforma para tratar de exculpar y sacar de la cárcel a personajes del calibre de Otto Pérez, Roxana Baldetti y sus secuaces. Este es un justificado temor, pero la intervención de la CC en el Congreso crea nefastos precedentes.