La Constitución de Cádiz fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Esta constitución, conocida como La Pepa porque coincidió su nacimiento con el Día de San José, recogía los ideales liberales de la época y fue dispuesta para todos los dominios españoles de aquel momento.

En este texto se garantizó la libertad de imprenta, así: “Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”. Esta constitución, promulgada en nombre de Fernando VII, fue después repudiada por el monarca cuando tomó el poder real e incluso reprimió a los diputados que propusieron constitucionalizar los logros liberales. Antonio de Larrazábal y Arrivillaga, uno de nuestros verdaderos próceres, estuvo preso por orden del rey y su delito fue procurar estos derechos.

Desde este período preindependiente viene nuestra lucha porque el poder respete la libertad de decir lo que se piensa. En las reformas a la Constitución Federal de Centro América de 1824, aprobadas en 1825, se señaló: “Artículo 181. No podrán el Congreso, las Legislaturas de los estados, ni de las demás autoridades: 1. Coartar en ningún caso ni por pretexto alguno la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta”.

En el período conservador, ya habiéndonos escindido de la Federación Centroamericana, Mariano Rivera Paz promulgó el decreto 76, “Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes”, y en el artículo 8º de la sección 2 quedó: “Todos los habitantes del Estado tienen el derecho de publicar y hacer imprimir sus opiniones, conformándose a las leyes que deben reprimir los abusos de esta libertad”.

Expresar nuestra opinión ha sido un derecho reconocido en normas; sin embargo, en la práctica ha representado muerte o exilio para muchos que molestaron a quienes detentaban poder, Miguel Ángel Asturias, uno de ellos. Si queremos instituciones fuertes mantengamos objetivos comunes. Basta ver cerquita a Nicaragua, donde la represión es peste.

En el mundo, los medios de comunicación tradicionales atraviesan una severa crisis. La pérdida de interés de las nuevas generaciones por lo impreso en papel ha obligado a adoptar cambios significativos en nuestra forma de vida y los diarios escritos enfrentan los retos que la vida digital representa, pero la amenaza más grande es que varios sectores de poder están claros en que la difusión plural de las ideas constituye una amenaza a sus miopes intereses (ojo, porque hasta el narco es un sector de poder real).

En una economía tan concentrada y con un monopolio televisivo, como la nuestra, algunos grupos de poder tienen más facilidades para deslegitimar el pluralismo, banalizar el debate, menospreciar la opinión ajena, ahogar financieramente al rival, vivir de la calumnia, callar al molesto, mostrar servilismo y, además, pasar desapercibidos.

Las instituciones fuertes se nutren, en buena parte, del franco debate de ideas, forzar el pensamiento uniforme obliga a radicalizar posiciones, y esto solo provoca violencia y subdesarrollo.