El ilustre guatemalteco Dr. Manuel Ayau Cordón pasó buena parte de su vida buscando y promoviendo soluciones a los grandes problemas del país. Preocupado por cómo mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos, durante mucho tiempo privilegió temas relacionados a políticas económicas. En las últimas décadas de su vida, se dio cuenta que el comportamiento de la economía y por ello, las oportunidades para el progreso, estaban determinadas por las reglas del juego y volcó con mayor ahínco su atención al Derecho. Fue así como a partir del año 2001 convocó a un equipo de expertos y amigos, para trabajar en un proyecto de reformas a la Constitución que se convertiría en Pro Reforma. El empuje inicial de trabajo se dio del 2001 al 2005, seguido por otros dos años de reflexión, crítica, discusión y afinamiento y luego se pasó a un proceso de “socialización”; cientos de visitas al interior del país, reuniones con agrupaciones, asociaciones civiles y expertos, presentaciones a los jefes de bloque del Congreso y a los partidos políticos, con la intención de lograr consenso.

El proyecto original contemplaba la elección presidencial por rondas simultáneas, reformar el IGSS para quitarle el monopolio y la eliminación de los porcentajes presupuestales para la USAC y el deporte, contemplados en la Constitución. Estos temas causaban fuerte rechazo entre muchos diputados y fueron eliminadas del proyecto Pro Reforma, para darle viabilidad. El Artículo 277 de la Constitución determina quienes tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución y en el inciso (d) establece que “El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos…” El grupo promotor de Pro Reforma se dio a la tarea de recolectar firmas y logró que más de 73 mil ciudadanos firmaran la petición, más de catorce veces la cantidad requerida por la Constitución.

Después de ocho años de trabajo, en Marzo de 2009 el proyecto de reformas a la Constitución, Pro Reforma, fue entregado al presidente del Congreso, quien lo remitió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No sabiendo que hacer con la papa caliente, la Comisión le dio espacio político a opositores para que se pronunciaran. La Constitución no dice que el Congreso se encargará de darles voz a los enemigos de la petición; establece más bien que “el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado”, lo que supondría un voto por el pleno. Basado en un reporte de lo actuado —no un dictamen— el presidente de la Comisión dio dictamen desfavorable al proyecto Pro Reforma. El pleno del Congreso de la República nunca conoció Pro Reforma y nunca se sometió a votación por los diputados. Es curioso que el mismo presidente de la Comisión que dio dictamen desfavorable a Pro Reforma, Oliverio García Rodas, se inhibió de conocer y dictaminar sobre el proyecto actual de reformas, impulsado por la Embajada, CICIG, MP y PDH, por no ser de su competencia.

Se puede estar o no de acuerdo con Pro Reforma, pero ese no es el punto. El Congreso, al tenor de la Constitución, tendría que haber sometido Pro Reforma a voto, y de ser aprobado por dos terceras partes, enviarlo a consulta popular. Fue engavetado, y ahora ha surgido otro proyecto, brincándose la cola. Se contrasta un proyecto de reformas con ocho años de trabajo y decenas de miles de firmas, con otro improvisado, coyuntural y apresurado. ¿Cómo se van a dar las reformas a la Constitución recién propuestas, cuando estas nacen con un proceder incorrecto? Primero en tiempo, primero en derecho.