“Son actos deliberados de estas estructuras criminales con el fin de generar presión al Gobierno, porque ellos han visto sin duda diezmada su capacidad de mando” por la “incomunicación” desde las cárceles bajo las medidas extraordinarias de seguridad aplicadas desde el 2016, apuntó Cotto.
Explicó que otro factor que ha llevado a las pandillas a tratar de obligar al Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén a negociar son el incremento en las detenciones de “importantes cabecillas” y la muerte de algunos de ellos durante supuestos tiroteos con la Policía.
En febrero pasado, el secretario técnico del Ejecutivo, Roberto Lorenzana, aseguró que los pandilleros de la Mara Salvatrucha y del ala Sureños del Barrio 18 buscan dialogar y negociar con el Ejecutivo porque están “desesperados” ante las “medidas extraordinarias” que los tienen “arrinconados” .
Estas acciones incluyen el endurecimiento del régimen carcelario para los pandilleros y la creación de un comando elite de la Policía y el Ejército que da caza a las columnas armadas que escapan a la zona rural de ese país.
El Gobierno atribuye a las medidas extraordinarias una baja del 37 por ciento de los asesinatos en lo que va del 2017, pasando de 3 mil 597 entre enero y mediados de agosto del 2016 a 2 mil 259, en la actualidad, según cifras policiales.
Entre el 2012 y el 2014 las maras mantuvieron una tregua, que según reveló recientemente el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, fue puesta en marcha por la administración de Mauricio Funes (2009-2014) , aunque este sostiene que fue iniciativa de las “maras” y de la sociedad civil.
Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide) sostiene que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia entre 2010 y 2015 por el mayor control territorial que les permitió esa tregua.
