La semana pasada la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) anunció que se empezará a poner al día con la devolución del crédito fiscal a los exportadores. El solo anuncio es ya un gran avance, pero se podría y debería avanzar mucho más, si esto no es un simple ofrecimiento político más y demuestran que realmente les interesa el desarrollo de los guatemaltecos, así como reducir la corrupción.

¿De dónde sale el crédito fiscal? En las transacciones locales, cuando uno vende, cobra el impuesto al valor agregado (IVA) completo sobre la venta, descuenta lo que ya pagó a proveedores y la diferencia se la da a la SAT. En las transacciones internacionales, los exportadores no pueden cobrar IVA a sus clientes, pero ya lo pagaron en los insumos y materias primas que compran para producir lo que van a exportar, esa diferencia es el “crédito fiscal”. La SAT se lo debe devolver al tributario; sin embargo, durante mucho tiempo no lo han hecho, lo han “jineteado” y además ha sido una fuente de corrupción.

El crédito fiscal en las exportaciones es un error de diseño del IVA que sobredimensiona la SAT al no devolverlo inmediatamente. Parte de los problemas de corrupción que ha habido en la SAT tienen que ver precisamente con eso: funcionarios que tienen el poder de decidir si se le devuelve el crédito fiscal a alguien, cuánto se le devuelve y cuándo. De allí que funcionarios lo utilizaran para ofrecerle a la gente que se lo devolvían “prontamente” a cambio de una “comisión”.

Es loable que finalmente quieran devolverlo y que ya no se use para la corrupción, pero lamentablemente no parecen haber aprendido la lección: todavía mantienen la posibilidad de utilizarlo como una herramienta de terrorismo fiscal: “¿quiere que le devolvamos su dinero? Con mucho gusto, pero primero le vamos a contar las costillas”.

Ante esa amenaza, muchas empresas han preferido simplemente hacer de cuenta que el IVA es parte de los costos con los que tienen que lidiar, lo que se convierte en un obstáculo más de los muchos que tienen que enfrentar los empresarios en Guatemala, y una razón más para hacerlos menos competitivos a nivel internacional. Y para todos los demás, el efecto práctico es muy similar por todo el tiempo que la SAT jinetea el dinero. Si no me cree, vea la lista que la SAT publicó y verá que hay reclamos por devolución de crédito fiscal generado en el año 2009; es decir, es dinero parqueado por ocho años, que no genera intereses y adicionalmente tiene la amenaza de hasta ir a parar a la cárcel si no tiene una contabilidad perfectamente impoluta —al criterio del fiscalizador— cuando se atreva a pedirlo de vuelta. ¿Justicia tributaria? Débale usted a la SAT impuestos de hace ocho años y me cuenta lo que va a tener que pagarle de multas, intereses y mora.

Aún si se le da el beneficio de la duda a la actual administración, ellos muy bien deberían entender que mientras se mantenga ese proceso así, siempre existirá la posibilidad de que la siguiente administración vuelva a las malas mañas y se corrompa.

La única forma de evitar esa posibilidad radica en volver el sistema automático y que el crédito fiscal se pague mensualmente sin necesidad de una “fiscalización” previa. Si la SAT tiene dudas sobre alguna empresa en particular puede muy bien ir a fiscalizar sus libros en cualquier momento, pero que no estorben el desarrollo del país ni fomenten la corrupción bajo la falaz creencia de que “todo el mundo va a hacer trampa”. La ironía es que esa creencia al final para fomentando la corrupción. Si ya dieron el primer paso, ¿por qué no resolver de una vez el problema de fondo?