“Nuestro gobierno siempre lo ha dicho: son delincuentes, la población misma lo manifiesta y ahí están los hechos”, dijo la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales.
Pero otros no están de acuerdo con la versión oficial. La más prominente organización de derechos humanos, un obispo católico, una exaliada de Ortega y un grupo opositor basado en Estados Unidos, que dice tener contacto regular y apoyar a los hombres de las montañas, dijeron que el derramamiento de sangre del miércoles no es producto de la delincuencia común, sino de una actividad insurgente al régimen sandinista.
“No se puede aceptar que haya 10 muertos por un intento de asalto en un poblado pequeño, es ilógico”, dijo Roberto Petray, director de la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos. “Eran 12 elementos del grupo de El Flaco que iban a procurar el control del puesto policial, pero parece que alguien advirtió a la Policía y se abrió fuego en la entrada del pueblo”.
El obispo de la norteña provincia de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, al hablar del enfrentamiento del miércoles, mantiene la misma tesis que la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos.
“Nosotros lamentamos que se esté dando esa situación, hay rearmados inconformes con el gobierno, lo hemos venido advirtiendo sin que haya oído sensato que preste atención y ahí están los resultados”, dijo.
Según Petray, los armados, de cuya existencia y operaciones se habla desde finales del 2010, se mueven en el territorio que en los años 80 fueron considerados el “corredor de la Contra-revolución” en el norte y centro del país y están distribuidos en pequeños grupos conformados por entre 10y 15 personas.
La posibilidad de que esté formándose un movimiento similar a la contra de los años 80 despierta recuerdos dolorosos en Nicaragua. Muchos aún recuerdan como la insurgencia antisandinista, apoyada por Estados Unidos, luchó contra un gobierno que ya entonces presidía Daniel Ortega.
