En forma sorpresiva, el Congreso de la República decidió el miércoles autorizar la realización de una pronta consulta popular en referencia al caso de Belice, en la cual los guatemaltecos decidan si están de acuerdo en someter a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cualquier arreglo legal contra Belice en el territorio y aguas territoriales disputados por ambos países, con el fin de obtener una resolución definitiva para determinar las fronteras respectivas. Es una acción inesperada, porque las discusiones a este respecto han tomado décadas, en las cuales los resultados en el plano internacional no han sido favorables a Guatemala, a causa de una miríada de circunstancias internas y externas, por las cuales el tema fue desapareciendo del interés local.

Analizado desde la perspectiva histórica, la razón pertenece a Guatemala, porque poca duda puede caber del incumplimiento de las promesas del Reino Unido desde 1859, lo cual es fácil explicar a consecuencia de tratarse en ese momento de la más grande y poderosa potencia mundial, cuya actitud se debía entre otras razones a la necesidad de establecer bases navales en el Caribe. Muchos años han pasado desde entonces, y los guatemaltecos, sobre todo debido a la actuación de la cancillería del gobierno de Serrano, a cargo de Arzú, dejó en el ambiente el convencimiento de la inutilidad de luchar por defender la posición guatemalteca, sólidamente apoyada por las muchas y pequeñas islas caribeñas, hábilmente organizadas por Inglaterra.

Sin embargo, en este momento los esfuerzos de la actual cancillería han llevado a obtener la autorización del Congreso para el referéndum, paso previo indispensable por motivos constitucionales. Eso es positivo en sí mismo porque existe la posibilidad de obtener una solución favorable a Guatemala, en el sentido de obtener algo del territorio, así como de lograr la regulación del status de las aguas territoriales en las cuales convergen Guatemala, Belice y Honduras. Las sentencias de la CIJ, establecida en 1945, son obligatorias e inapelables y hoy los dos países han aceptado la intervención en el caso. Antes ha intervenido en litigios entre Estados Unidos y Canadá, Colombia y Perú, Argentina y Uruguay, Chile y Perú, Bolivia y Chile, así como en el resto del mundo.

Dos preguntas surgen. Una, cómo solucionar el acto costo del referéndum, es decir 300 millones de quetzales. Hay fondos y se puede solicitar ayuda económica de parte de países amigos e instituciones internacionales. La segunda es cómo convencer a los guatemaltecos a participar, porque en general hay poco conocimiento sobre esta forma de consulta, y por ello existe la posibilidad de una participación muy pequeña, incluso menor al 14% cuando se votó por las reformas constitucionales. El reto es grande, sin duda, pero a mi parecer vale la pena hacer el intento y lograr una resolución positiva cuyo resultado sería evitar las muertes y la conflictividad social, y se abre la puerta a la integración de garífunas y de kekchís, e inversión en temas sociales.

La base guatemalteca se refiere a la falta de un territorio propio reconocido al gobierno beliceño, y el triunfo depende de la habilidad de lograr convencer a la CIJ de los posibles beneficios de normalizar la situación entre dos países pequeños y con problemas económicos, sociales y políticos, pero sobre todo de lograr el cumplimiento de la contraparte en caso sea necesario, y de convencer a todos de la buena fe de Guatemala. El tema causará controversia interna, sin duda, pero a mi juicio vale la pena apostar por el logro. Se debe evitar, eso sí, la politización partidista del tema, así como la crítica basada en la imposibilidad de una solución favorable. Se trata de un asunto de interés nacional y por ello esta única oportunidad de zanjar el asunto no debe ser desaprovechada.