La sesión estaba programada para las 11 de la mañana, pero empezó aproximadamente una hora después con quorum reducido, a la 13.20 horas la cantidad de diputados en el hemiciclo no alcanzaba ni los 75 diputados, por lo que no se podían aprobar los estados de Sitio ya que se necesitaban 80 votos.
La Ley de Orden Público establece que las normas que decretan los estados de excepción deben ser conocidos, ratificados, improbados o modificados por el Congreso en término de tres días, por lo que era importante que este viernes se aprobaran, y al no darse este supuesto, los estados de Sitio pierden vigencia al quedar improbados.
Poco a poco los diputados empezaron a retirarse, la presencia de los parlamentarios no superó los 73, otros 46 presentaron excusa y 39 están ausentes sin enviar notificación.
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El diputado Oliverio García Rodas explicó a los diputados que en la opinión consultiva que la Corte de Constitucionalidad resolvió a petición del Congreso, según el expediente 919-2016, del 23 de noviembre del 2017, que al no aprobarse dentro de los tres días pierden vigencia, por lo que no se puede volver a citar a los diputados para seguir conociendo el tema.
“En caso el Congreso de la República no emite el Decreto Legislativo dentro del término constitucional –tres días–, se considerará que el decreto gubernativo ha sido improbado”, refirere la opinión.
Añade: “Esta Corte estima que esa regulación no es conteste con el principio de seguridad y certeza jurídica, porque el Artículo 138 establece: “… en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que, dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente…”.
En congruencia con lo anterior, el referido plazo no debe ser ampliado, debido a que, tratándose de la restricción de derechos fundamentales, este precepto será interpretado de manera restrictiva y en favor de la persona humana. El precepto constitucional citado impone la obligación al Congreso de la República para que se pronuncie en el sentido de ratificar, modificar o improbar el Decreto Gubernativo proveniente del Organismo Ejecutivo.
“Señor presidente -Álvaro Arzú Escobar- le sugiero que consulte con sus asesores, pero usted ya no nos puede convocar más para conocer la prórroga al estado de Sitio”, manifestó García Rodas.
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El diputado Mario Taracena manifestó que a pesar de que el tema era trascendental para el país, “de que Guatemala está a punto de entrar a la puerta del narco, y Dios no lo quiera, pero nos podemos convertir en una Colombia, hay diputado que no consideraron que era importante el tema”.
Taracena dijo: “Ayer tuvimos al ministro de la Defensa y vi a varios diputados desgarrase diciendo que sí iban a apoyar, y uno de los que usa sombrerito ayer le hablaba al ministro y hoy no está. A la bancada oficial les pido que vayan con el presidente Jimmy Morales y diganle que no se cumplió con la responsabilidad y que vuelva a pedir el estado de Sitio, el Ejército esta poniendo el pecho, enfrentándose a ellos, y ahora nosotros les zafamos la alfombra, eso no se puede hacer”.
Luego de los argumentos vertidos por los diputados, el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, suspendió la sesión por no haber quorum en junta directiva ni el pleno, por lo que automáticamente el estado de Sitio perdió vigencia.
El decreto gubernativo 2-2019 publicado en el Diario de Centro América el 2 de octubre pasado solicita ampliar la vigencia del estado de Sitio para 22 municipios y seis departamentos.
Ese mismo día, miércoles, el Congreso citó a los diputados para conocer de urgencia nacional la medida, pero al no reunir los votos requeridos (105) se determinó que sería conocido en tres lecturas consecutivas. El 2 de octubre se aprobó la primera, el día siguiente, la segunda, y se esperaba que hoy pasara en la tercera.
Además, ese día, pero en otra publicación, en el decreto gubernativo 3-2019, se requería el estado de Sitio para Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, por conflicto de tierras.
El Ejecutivo argumentó en esos documentos que era necesario imponer el estado de Sitio porque se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, en virtud de la disputa de derechos de posesión y propiedad de tierra.
“Esta disputa ha afectado a las personas y familias y pone en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de estos municipios”, refiere el decreto firmado por el presidente junto al consejo de ministros.
Ahora el Ejecutivo deberá plantearle al Legislativo una nueva iniciativa para requerir la ampliación de la medida.
Los lugares donde se decretó el estado de Sitio son:
- Izabal: El Estor, Puerto Barrios, Morales, Los Amates y Livingston.
- Alta Verapaz: Tactic, Senahú, Tamahú, La Tinta, Tucurú, Cahabón, Panzós, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas.
- Zacapa: Río Hondo, Teculután, Gualán y Usumatlán.
- El Progreso: San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán.
- Baja Verapaz: Purulhá.
- Petén: San Luis.
- Sololá: Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.
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