De manera detallada, el ente regional destaca que a pesar de su recomendación de no aprobar la propuesta de Ley de Fomento al Turismo en Honduras por posibles “daños e injusticias” a los trabajadores del sector, el propio presidente, Juan Orlando Hernández, defendió esta propuesta legislativa.
Con su postura, coloca al Ejecutivo hondureño “a favor de políticas de atracción de inversiones y generación de empleo basadas en privilegios fiscales cuestionados en diversos estudios por su poco éxito”.
Esta propuesta de “ampliar y extender” los privilegios fiscales de los que ya goza el sector turístico en ese país contrasta con el panorama social, pues Honduras registra la segunda tasa más alta de homicidios de Latinoamérica (59 asesinatos por cada 100 mil habitantes) y en sus escuelas solo una de cada cuatro aulas tiene pizarra y una de cada tres sanitarios, de acuerdo a los datos citados por el Icefi.
“La disminución de la recaudación de impuestos como resultado de estos privilegios limitará más las posibilidades del Gobierno hondureño para ofrecer bienes y servicios públicos que incrementen el bienestar social y potencien tanto el crecimiento económico de mediano plazo como la democracia”, advierte el instituto, que pide anteponer el bien común.
El Triángulo Norte de Centroamérica intenta dejar de ser una de las regiones más violentas del mundo. https://t.co/IYPINM0cbz
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Sobre Guatemala, el Icefi expresa su preocupación por que funcionarios, incluido el presidente Jimmy Morales, se quejan de que los controles anticorrupción dificultan la ejecución del presupuesto público.
Al hacer un análisis, el ente advierte que al pasado 28 de julio se registraban los porcentajes más bajos de ejecución presupuestaria en rubros que no están sujetos al cumplimiento de los controles de la Ley de Contrataciones del Estado, la que más críticas genera.
Los casos de corrupción desarticulados en Guatemala, agrega la nota, son un ejemplo de que durante años los funcionarios y contratistas utilizaban las adquisiciones públicas para defraudar al Estado, por lo que advierte que la intención del Estado de cambiar esta ley es una amenaza y puede hacer retroceder al país a los mismos niveles de “corrupción e impunidad”.
Las preocupaciones con respecto a El Salvador son similares, pues cree que la aprobación de la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita el 18 de julio pasado “blinda la corrupción y limita las acciones del Estado salvadoreño en contra de la impunidad”.
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En su escrito, el Icefi concluye que estas actuaciones apuntan a que la política fiscal de los países del denominado Triángulo Norte Centroamericano está enfrentando “amenazas serias por medidas pro impunidad, la ampliación de los privilegios fiscales injustificados y acciones que comprometen la gobernabilidad democrática”.
Es por ello que pidió “cambiar el rumbo”, a fin de lograr que la política fiscal en Centroamérica sea un instrumento efectivo para “erradicar la corrupción, procurar la justicia y un desarrollo democrático e incluyente”.
